En la ciudad existen decenas de inmuebles catalogados como patrimoniales, a los que según ordenanza municipal, deben ser preservados en el marco del Programa de Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de la Secretaría de Planeamiento. Muchos de estos inmuebles se encuentran actualmente en evidente estado de abandono, y algunos muestran claros signos de peligro por considerarse en estadio de ruina.
La postal se repite en el casco céntrico de la ciudad. Enormes estructuras que dejan ver parte de sus construcciones históricas, escondidas detrás de enormes vallas que ocultan su grandeza. Son sus mismos titulares, explican, los que deciden tapiarlas ante la imposibilidad de acceder a refacciones que las preserven.
Desde el Colegio de Arquitectos de Rosario ven con preocupación el fenómeno y piden que se generen revisiones de las categorías que los catalogan para fomentar acciones en sus estructuras. “Nuestra mirada sensible hacia la preservación del patrimonio siempre está, pero desde el Colegio creemos que en algunos casos debe ser revisado porque nos parece que hubo mucho recelo, se han frenado trabajos que no pueden seguir adelante por esa mirada tan estricta sobre el tema”, señaló Rubén “Pitu” Fernández, presidente de la entidad que nuclea a los profesionales de la arquitectura en la región sur.
“Muchas veces se produce una inacción, no poder resolver trabajos en donde tal vez haya una intención de invertir en un inmueble, pero no se le permite esa acción por la traba de la catalogación. En definitiva pasa que quedan en un estado de inacción que no beneficia a nadie”, declaró y contó que el tema fue conversado con autoridades municipales: “Sabemos que hay una mirada por parte del ejecutivo de revisar y otorgar una mirada más flexible en cuanto a la catalogación de obras patrimoniales, en las que hay muchas variantes”.
En algunos casos hay inmuebles que tienen un alto grado de valor patrimonial y en eso “hay que ser muy cuidadosos”, remarca, pero hay otros que son “generalmente los de una categoría menor que podrían llegar a tener otra flexibilidad. Debemos acompañar esa mirada, por lo menos poder revisarla”, destacó.
La consulta por el estado de aquellas propiedades se hizo presente en el ámbito político local. Los concejales de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo y Alejandro Rosselló presentaron un pedido de informes sobre la ejecución de la partida de Fondos de Preservación destinada a financiar restauraciones y rehabilitaciones de las viviendas de particulares que han establecido convenios en el marco de la ordenanza de su preservación.
“Nos han llegado inquietudes de ciudadanos y ONGs vinculadas al patrimonio de la ciudad sobre diversas viviendas catalogadas que han sido abandonadas desde hace años y van camino inexorable al estado de ruinas, como la Casa de Urquiza en Avenida Alberdi y la Casa del Bajo en Avenida Belgrano y otros edificios que se encuentran en inminente peligro más allá del esfuerzo como el de la Librería Longo en calle Sarmiento o el Hotel Britania en calle San Martín entre Tucumán y Catamarca”, señalan los ediles en el pedido de informes que ingresaron para su tratamiento al Concejo Municipal.
Piden saber además, la cantidad de solicitudes de demolición de edificios incluidos en el Programa de Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de la Secretaría de Planeamiento, aquellos cuyos propietarios consideran que se encuentran en “estado de ruina”.
Al respecto, Fernández coincidió en la importancia de poner el tema en agenda, sobre todo en el contexto que atraviesa el casco histórico de la ciudad. “Estamos atravesando un momento muy delicado que supera cualquier mirada técnica. No podemos obviar la gravedad económica que se está viviendo y todo el deterioro del casco histórico central; como Colegio de Arquitectos no podemos no ver esta situación. Muchos desarrolladores se van del área central y hasta se van a invertir a otras ciudades y esto lo vemos con preocupación. Tenemos que tener esa sensibilidad de poder apoyar como profesionales una revisión que es también cuidar el trabajo de los arquitectos”, explicó.
Son unos 4800 inmuebles en Rosario bajo esta categoría, y muchos de ellos calificados según el reglamento como una categoría menor. “Sabemos en algunos hay posibilidades de modificar la normativa para que un inversor pueda hacer una acción, algo que hoy está paralizado. Cuando se toman medidas que regulan actividades deberían cumplirse plazos para verificar las respuestas y resultados de estas medidas: en algunos casos fueron favorables, pero en otras es evidente que si a una situación complicada le ponemos trabas desde lo técnico de la disciplina, ocurre esta inacción que es lo que estamos viendo”, cerró.
