Luego de bajar del 33,8 al 30,9% del PIB entre 2015 y 2019, la presión tributaria en Argentina subió a 32,4% en 2020 y apunta a 33,1% en 2021, retomando una tendencia alcista que había exhibido entre 2002 y 2015, cuando pasó del 19,3 al 33,8% del PIB (cerca de 15 puntos porcentuales de suba en 13 años).
En una comparación internacional de presión tributaria, Argentina y Brasil aparecen claramente a la cabeza en Latinoamérica, superando además a muchos países desarrollados como USA, Australia y Corea del Sur. Sólo en Europa se observan guarismos mayores, con algunos países superando el 45% del PIB
No obstante, hay que aclarar que se trata de una comparación de presión tributaria “efectiva”, esto es, la que surge de computar el cociente entre la recaudación y el PIB. Por ende, es una medición fuertemente contaminada por los niveles de evasión existentes en cada país. Así, un país A que aparece en las estadísticas con menor presión tributaria que un país B, pero en el primero los niveles de evasión son muy superiores al segundo, podría ocurrir que un contribuyente que no evade en el país A sufra una mayor presión tributaria que un contribuyente que no evade en el país B. Por este motivo, para comparar presión tributaria entre países que presentan tasas de evasión muy diferentes, resulta más conveniente estimar la carga tributaria “legal” que recae sobre los contribuyentes absolutamente formales de cada país.
Es lo que hace el Banco Mundial con su medición microeconómica del peso de los impuestos sobre las utilidades brutas de una empresa mediana en la mayoría de los países del mundo. Los resultados de su última medición ubican a Argentina en segundo lugar, luego de Islas Comoras, con pagos de impuestos equivalentes a 106% de las utilidades brutas de una empresa mediana.
La presión tributaria subió 11 puntos del PIB en dos décadas en Argentina, para financiar un gasto público que también aumentó con desmesura en dicho período, cuando pasó de 30 a 47% del PIB. Dado que la fuerte suba de impuestos no resultó suficiente para financiar tal incremento en el gasto público, se generó además un elevado déficit primario, que en 2020 resultó 6,5% del PIB (para este año el presupuesto prevé 4,2%), con sus conocidas consecuencias en términos de inflación y endeudamiento.
Argentina se ubica así con uno de los mayores pesos del estado en la economía en Latinoamérica, superado en el mundo por algunos países europeos, aunque con una diferencia notable en la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Argentina, a pesar de gastar en el sector público 17 puntos extras del PIB en las últimas dos décadas, no exhibe una mejora notoria en algunas variables claves sobre las que el Estado debería influir, como educación, seguridad o tasa de pobreza. Por caso, en las últimas 2 décadas el puntaje promedio de los estudiantes argentinos en las pruebas PISA bajó un 2,3% en Matemáticas y 3,8% en Lengua, con una mejora del 2% en Ciencias. En el mismo período, la tasa de pobreza pasó de 32 a 42% de la población, a pesar que el gasto de la administración nacional en asistencia a familias (planes sociales) aumentó un 290% en términos reales, pasando de 0,6 a 1,8% del PIB.
Como se adelantó, desde 2019 Argentina ha retomado una senda de suba de la presión tributaria, ubicando al sector privado en un rol secundario en el funcionamiento de la economía. Así, se produjeron subas en los Derechos de Exportación, en el impuesto a los Bienes Personales, se creó el impuesto PAIS, se introdujo un anticipo del 35% de Ganancias para compras en el exterior y se rebalanceo el impuesto a las ganancias, con subas para empresas medianas y grandes y reducciones para empresas pequeñas y personas. Adicionalmente, se congeló la reducción gradual de impuestos aprobada por la reforma tributaria de 2017, que más probablemente repercutirá a futuro en subas de algunos impuestos, como Ingresos Brutos de las provincias. En definitiva, en Argentina existe una alta presión tributaria, pero además incertidumbre respecto a si no va a subir adicionalmente, dada la nueva tendencia y renovada visión sobre el papel del estado en la economía.
En 2021 se agregó también el Aporte Solidario Extraordinario, que grava a personas a partir de cierto nivel de riqueza, aun cuando ya existe el impuesto a los bienes personales y los tributos sobre inmuebles, automotores y embarcaciones que aplican gobiernos locales. Adicionalmente, ha afectado los niveles de confianza y percepción de inseguridad jurídica que predomina entre los agentes económicos, con previsibles efectos a futuro sobre los niveles de inversión.
Si bien se argumenta que el producido por dicho aporte se destinará a gastos sociales y a compensar efectos de la pandemia, la pregunta que debería responder la política argentina es cómo ha ocurrido que, tras una espectacular suba de la presión tributaria y el gasto público en los últimos 20 años, el Estado aun no puede cubrir los gastos sociales básicos ni ha sido capaz de generar un fondo de ahorro para enfrentar contingencias, en lugar de recurrir a exacciones extraordinarias sobre el sector privado, en una economía que lleva diez años de estanflación, seis años sin crear empleo privado y tres año.
