Treinta millones de argentinos se atienden en el sistema privado de salud, desde un jubilado de PAMI, un trabajador a través de su obra social, a un paciente con aporte voluntario a una prepaga. Así, el mundo de las prestaciones privadas atiende al 70% de la población.
Durante la cuarentena el sector privado trabajó a pérdida sobreviviendo con los ATP y alguna otra suerte de subsidio que se distribuyeron hasta diciembre, quedando luego reducidos a una mínima expresión. En este escenario, a horas de haber dado luz verde para un aumento del 7% en la cuota de las prepagas, el Presidente Alberto Fernández dio marcha atrás sosteniendo el congelamiento de tarifas. El cambio repentino de actitud agrava aún más el desconcierto que reina en el sector a partir de las declaraciones de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y sus conocidas pretensiones de estatización.
En diálogo con ON24, Guillermo Copello, Gerente General de Medicina Esencial, advierte sobre el impacto inmediato que tendrá el congelamiento de tarifas de las prepagas: “Sin los ATP, ni el resto de subsidios que recibió el sector privado por la pandemia y con los recientes incrementos congelados, no se van a poder pagar sueldos. No es el caso de nuestro grupo, pero sí el de muchos otros prestadores”.
En números, el ejecutivo puso blanco sobre negro la dramática situación del sector, advirtiendo que el defazaje entre los costos disparados por la inflación y la crítica situación que derivó de la pandemia, están por encima del 50%, cifra que expuso ante el Gobierno la Unión Argentina de Entidades de la Salud: “se pidió el 54% de aumento, el gobierno ofreció un 5% y se terminó cerrando en un 7%”. Luego vino la marcha atrás del Presidente Fernández, medida que desnudó la ausencia de diálogo entre la administración nacional y los financiadores privados: “Nadie desde el gobierno nos comunicó que el aumento pactado se daba de baja, nos enteramos a través de una resolución”.
El impacto de la decisión presidencial, advierte Copello, es inmediato con consecuencias de altísimo riesgo en la actual crisis sanitaria: “es una cadena, si el financiador no puede pagar aumentos al prestador, el prestador no puede pagar sueldos”, recordando además que desde marzo hay una cláusula de revisión salarial, con lo cual “no habrá sindicalista que no pida más, no sé de dónde va a salir la plata para pagar ese ‘más’ “.
La posible estatización del sistema de salud, lanzado por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en diciembre pasado, en ocasión de un acto público en el Estadio Único de la Plata y compartiendo escenario con Alberto Fernández, no está desconectado de la desautorización a las prepagas del aumento del 7% pactado.
Como eco de las potentes declaraciones de Cristina, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alimenta en programas radiales la idea estatizadora, lo que algunos analistas grafican como una suerte de “gigantesco PAMI desfinanciado”.
Sobre cuánto se sabe de ese plan, el ejecutivo señaló: “No entiendo el formato, ni a Stalin se le habría ocurrido. ¿Qué les van a decir a los sindicalistas? ‘Ustedes no reciben más la plata para que puedan atender a sus afiliados, a partir de ahora se la queda el Estado?’. No imagino a (Luis) Barrionuevo y (Armando) Cavalieri aceptando que le administren la plata. No entiendo de qué están hablando”, enfatizó, reconociendo que no hay ninguna comunicación oficial al respecto, pero sí preocupación en el sector por no entender cuál es definitivamente el rumbo que el gobierno quiere adoptar.
Finalmente, muy preocupado por el desconocimiento generalizado sobre la estructura del sector, incluso dentro del propio gobierno expresó: “Hablan que el Sistema de Salud está fragmentado, y los que están fragmentado son los financiadores, no los prestadores. Los prestadores son públicos o privados.
