“El populismo con plata es un problema, pero sin plata es directamente un suicidio”. La frase pertenece al economista Daniel Artana, quien era entrevistado en octubre de 2018 por El Cronista y se refería así a un posible regreso del Kirchnerismo al poder en las elecciones del 2019. Como, finalmente, ocurrió.
Muestras que confirman lo que señalaba Artana fueron varias en 2020: superpoderes al jefe de Gabinete, intentos de intervenciones de empresas y expropiaciones, creación de más impuestos, intentos de avasallamientos institucionales contra el Poder Judicial, avances contra el sector agropecuario, cierres de las escuelas, entre otras acciones. Y ahora se suma un nuevo episodio, en el que sobrevuela la amenaza de la intervención estatal en las prepagas, con el potencial riesgo de quedarse con una caja que mueve $ 800 mil millones al año, según publicó Infobae.
“Hay olor a intervención; huele muy feo. O es demagogia pura y juegan para la tribuna o es una movida para decir que las prepagas son los malos de la película y que hay que intervenir”, indicaron a ON24 fuentes de una importante obra social.
Es que calificaron de “rarísimo” el hecho de que el Gobierno primero haya autorizado, la semana pasada, un aumento de 7% en las cuotas a partir de febrero, pero pocas horas después haya suspendido la medida, aparentemente por orden de la vicepresidenta al presidente.
“Nadie desde el Gobierno nos comunicó que el aumento pactado se daba de baja; nos enteramos a través de una resolución. A un alto funcionario del Estado, que estuvo en esa negociación, se le cayó la cara de vergüenza; se sentía un boludo”, comentó, en tanto, a este medio el directivo de una financiadora, haciendo referencia al doble comando que gobierna argentina.
En el sector prepago, el diagnóstico es claro: así como está planteado, el sistema “está comprometido” y “es insostenible”, porque “los financiadores no tenemos ajustes”, indicaron.
Si bien el 2020 dio un respiro a las empresas, teniendo en cuenta que a raíz de la cuarentena estricta (y desmedida) mucha gente no utilizó las prestaciones médicas, esta situación delicada ha llevado a compañías a congelar la contratación de nuevos prestadores de servicios y de personal desde hace algunos meses, advirtieron las fuentes de ON24.
Según expresaron, “hay que tener en cuenta los sobrecostos del covid”, que, de acuerdo a lo estimado, tiene un costoso seguimiento del tratamiento, que ronda entre 90 mil y 2 millones de pesos para casos no graves, al tiempo que la cápita promedio hoy la calculan en 7.500 pesos mensuales.
Además, “hubo incrementos de medicamentos de hasta 600%”, subrayaron y recalcaron que desde el 2011 hasta 2018, las empresas llegaron a tener hasta 300 puntos de atraso en los aranceles con respecto a la inflación. En el 2018, “creo que fue el único año en que se le ganó por 20 puntos, que no es nada en 300”, apuntaron.
Para las fuentes consultadas, este complejo escenario en el sistema sanitario se remonta, casualmente, al anterior gobierno K, comandado por Cristina Fernández de Kirchner, que aprobó la Ley de Medicina Prepaga N° 26.682 (año 2011) y otra serie de normativas que “cambiaron la regulación” e “impusieron más costos, obligaciones y prestaciones”.
REDACCIÓN ON24
