A raíz de lo ocurrido con Las Margaritas SA en Entre Ríos, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) emitió un fuerte comunicado manifestando preocupación por las tomas de tierras. “Es llamativa y preocupante la indolencia del Estado a nivel nacional, provincial y municipal sobre esta grave situación”, afirman. Mientras tanto, el corredor inmobiliario santafesino José Cardín dijo que “el silencio del Gobierno alienta a ciertos sectores violentos a generar este tipo de acciones”.
El comunicado de CAIR califica como “tibia e insuficiente” a la acción de la justicia y como “tardía e ineficaz” a la manera de abordar el tema por parte de las fuerzas de seguridad. Por su parte, Cardín se mostró preocupado por “la anomía e inacción del Estado” y por la “falta de seguridad jurídica”. El corredor inmobiliario local sostuvo que las tomas y ocupaciones de tierras “son delitos que atentan contra la Constitución Nacional y la propiedad privada”.
Desde el organismo que nuclea a los corredores inmobiliarios rurales del país, sostienen que “no habrá inversiones que generen crecimiento donde no se respeten los elementales derechos constitucionales tales como el de la propiedad privada o el de la libre circulación por el territorio nacional”.
Por otro lado, convocaron “a todas las autoridades competentes” a promover instancias de diálogo “que permitan desandar los senderos de violencia para continuar transitando los del estado de derecho”.
El mensaje se suma al comunicado emitido por las Cuatro Cadenas de Valor que repudiaron los últimos episodios y apuntaron contra el Estado: “La Argentina requiere sinergia entre los actores del sector privado y de un Estado que actúe como motor y garante ante las iniciativas privadas. La falta de respeto por los más elementales derechos constitucionales como es el de la propiedad privada va claramente en contra de los procesos de desarrollo e inversión, limitando las capacidades productivas, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social. La toma de tierras es un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para hacer cumplir la ley”.
