El gobierno de Fernández anunció esta semana una nueva serie de trabas que buscan evitar la sangría del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que viene perdiendo millones de dólares cada mes.
Los argentinos lo han apodado el “supercepo”.
No es difícil entender por qué los últimos tres gobiernos argentinos han aplicado controles de capitales.
Con un histórico y recurrente problema de inflación, que en los últimos dos años rondó el 50% y en este momento es del 40% interanual, los argentinos saben que su salario en pesos pierde valor cada mes.
Por eso, desde hace muchas décadas la moneda de ahorro en este país no es el peso sino el dólar.
Algunos economistas han calculado que, si se suman todos los billetes verdes que los argentinos tienen guardados bajo el colchón, en cajas de seguridad o en el exterior, Argentina es el segundo país, después de Estados Unidos, con más dólares, algo que es imposible de verificar.
Pero lo cierto es que la demanda por el billete estadounidense siempre es alta, no solo por culpa de los ahorristas sino también porque mucha de la producción local, incluyendo a dos de los sectores más grandes, el agro y la industria automotriz, dependen de insumos importados.
El dilema es que Argentina simplemente no produce los suficientes dólares como para satisfacer esa demanda.
Y cuando no puede pedirlos prestados, porque se cierra el acceso al financiamiento externo, cómo le ocurrió a Cristina Kirchner y ahora a Alberto Fernández, o cuando lo prestado no alcanza para satisfacer la demanda, como le pasó a Mauricio Macri, se busca cerrar el acceso a dólares con controles de capital.
Los economistas lo llaman “restricción externa”, y es lo que ha causado las últimas crisis económicas en Argentina.
Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), 15 de las últimas 16 recesiones económicas que padeció el país desde finales de la Segunda Guerra Mundial surgieron “porque el país se quedó sin dólares“.
La crisis que más recuerdan los argentinos es la más traumática: la de 2001-2002, que explotó cuando el gobierno de Fernando de la Rúa aplicó el famoso “corralito” que limitaba el acceso a los depósitos bancarios, que luego fueron “pesificados”.
Cepo y dólar blue
Desde entonces, distintos gobiernos que han enfrentado el problema de la falta de dólares han aplicado restricciones a su compra para evitar caer en una crisis similar.
La primera en adoptar lo que los argentinos llaman un “cepo cambiario” fue Cristina Kirchner, al comienzo de su segundo mandato, en 2011.
Kirchner buscó frenar una masiva fuga de capitales imponiendo un sistema que facultaba al fisco a determinar quién podía comprar divisas y en qué cantidad.
También impuso un recargo sobre los gastos realizados con tarjetas de débito y crédito en moneda extranjera.
El arbitrario cepo llevó a muchos argentinos a volcarse al mercado informal, y así nació el “dólar blue”, como se conoce al dólar negro o ilegal, que, debido a la alta demanda, rápidamente empezó a aumentar de valor.
Desde entonces, los argentinos se han acostumbrado a convivir con diferentes cotizaciones de la moneda estadounidense.
Además del “dólar oficial” y el “dólar blue” están el “dólar bolsa” (que se adquiere obteniendo divisas a través de la compra y venta de bonos) y el “dólar tarjeta” o “dólar turista” (que toma el valor del dólar oficial más el recargo por gastos en el exterior).
Pero, sin dudas, el valor que más desvela a los locales es el del “blue”, a pesar de que las autoridades monetarias insisten en que se trata de un mercado marginal que maneja pocas operaciones.
Al mantener una cotización libre -a diferencia del dólar oficial- el “blue” es utilizado como referencia para muchas transacciones, incluyendo la compra de autos y casas.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el valor del “blue” llegó a triplicar el del dólar oficial, generando toda una serie de distorsiones.
El descontento que generó el cepo y la disparada del dólar, que aumentó la inflación, fue uno de los motivos que llevaron al triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de 2015.
Pero, aunque el político promercado eliminó las restricciones sobre el dólar al asumir, dos meses antes de dejar el poder volvió a imponer las trabas que tanto había criticado.
Paradójicamente, Macri se vio obligado a imponer un nuevo cepo debido al desplome de los mercados y la corrida bancaria que generó su derrota en las elecciones de 2019.
Horas después de perder los comicios en octubre de ese año, el gobierno saliente limitó fuertemente el acceso a divisas, reduciendo la cantidad de dólares que pueden comprar los argentinos cada mes a US$200.
“Dólar ahorro”
Cuando sucedió a Macri en diciembre pasado, Fernández, quien llegó a la presidencia de la mano de Cristina Kirchner, su vice, mantuvo esa cifra de US$200, pero le aplicó un fuerte impuesto del 30%, para hacerlo menos accesible.
El llamado Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (o impuesto PAIS) no solo gravó la compra de moneda extranjera, generando una nueva cotización del billete verde: el “dólar ahorro” (o “dólar solidario”).
También se aplicó a los gastos en dólares con tarjetas, la compra de pasajes aéreos internacionales y los pagos de bienes y servicios que se prestan desde el exterior (como las populares Netflix y Spotify).
Las medidas causaron malestar entre la clase media y alta, en especial entre quienes estaban acostumbrados a viajar al exterior.
Pero la cantidad de ahorristas afectados no fue tanta, ya que, según cifras oficiales, incluso antes del cepo poco más del 3% de la población (cerca de 1.500.000 argentinos) compraba divisas en el mercado formal cada mes.
Las restricciones lograron reducir la demanda de dólares y, por un tiempo, las reservas del BCRA se mantuvieron estables.
Supercepo
Pero la llegada de la pandemia, en marzo, y la imposición de la cuarentena más larga del mundo cambiaron las cosas.
La demanda de dólares volvió a crecer a ritmos vertiginosos: mientras que apenas unas 200.000 personas habían comprado dólares en enero y febrero, en marzo la cifra se duplicó, y para abril ya eran 1,2 millones de argentinos comprando los US$200 permitidos.
La escalada se fue multiplicando mes a mes, hasta que en agosto se rompió el récord con 4,8 millones de compradores, que se llevaron cerca de US$1.000 millones entre billetes en efectivo y gastos con tarjeta.
Varios economistas advirtieron que, a ese ritmo, el BCRA se quedaría sin reservas “de libre disponibilidad” a fin de año.
Y es que, si bien las reservas internacionales del BCRA rondan los US$42.000, las reservas netas -aquellas que no están comprometidas- apenas superan los US$7.000, según detalla el diario económico Ámbito Financiero.
Ante este escenario, el gobierno de Fernández anunció un nuevo endurecimiento del cepo.
El “supercepo”, como fue bautizado por los medios, encareció aún más el “dólar ahorro” y las compras en moneda extranjera.
Al impuesto PAIS, del 30%, se sumó un nuevo gravamen del 35%, que eventualmente podrá ser deducido del impuesto a las ganancias.
Y los gastos con tarjeta en moneda extranjera ahora se incluyen dentro de ese cupo de US$200 mensuales.
Las nuevas medidas no solo afectan a los ahorristas. El gobierno también restringió el acceso al dólar oficial a empresas que deben pagar deudas a acreedores externos, que ahora solo podrán afrontar el 40% de sus compromisos financieros con la divisa oficial.
El “puré”
Las autoridades monetarias esperan que este nuevo aumento ponga fin a un desbalance que estaba impulsando la compra de dólares: la diferencia entre el valor del dólar oficial y el informal, conocida como brecha cambiaria.
Al igual que ocurrió durante el gobierno de Cristina Kirchner, el valor del “blue” comenzó a crecer muy por encima del valor del dólar oficial, llegando casi a duplicar su cotización.
Por ello, incluso con el impuesto PAIS, el “dólar ahorro” resultaba mucho más barato que el informal.
Esto atrajo a muchos compradores, que hallaron una nueva y creativa forma de hacer dinero: el llamado “puré”.
Consiste en comprar los US$200 en el mercado formal y venderlo en el informal, haciendo una jugosa diferencia.
Para muchos argentinos, el “puré” representó una de las pocas formas de generar dinero durante la cuarentena.
El nuevo tributo del 35% impuesto esta semana buscó equiparar el precio del “dólar ahorro” con el del “blue”.
Irónicamente, esas mismas restricciones hicieron que el dólar paralelo volviera a dispararse, pasando de $130 a $145, y volviendo a abrir la brecha cambiaria.
También cayeron los bonos y las acciones argentinas.
La devaluación del peso
Para el común de los argentinos el mayor impacto de todo esto no tiene que ver con sus posibilidades de acceder a dólares, sino con el deterioro de su moneda.
Porque cada aumento del dólar genera una depreciación del peso.
En lo que va del año, la moneda local se devaluó un 20% en el mercado oficial y cerca de un 45% en el paralelo.
Esto se suma a las bruscas depreciaciones que ya había sufrido en 2018 y 2019.
A la vez, los locales saben que en este país las devaluaciones históricamente se trasladaron a los precios, por lo que muchos dan por sentado que la inflación seguirá creciendo.
Algo no ayudado por la cantidad récord de pesos que viene emitiendo el BCRA para aliviar a los sectores más necesitados y a las empresas durante la pandemia, algo que también, se anticipa, empujará el alza de precios, si el gobierno no logra reabsorberlos.
Es esa gigante emisión de dinero, que aumentó la base monetaria en un 70% interanual, la que explica, según muchos economistas, por qué aumenta la demanda de dólares y, por consiguiente, el precio del “blue”.
Con todo, los argentinos, que atraviesan su tercer año de recesión, ven que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes y a muchos sus ingresos ya no les alcanzan ni para cubrir sus necesidades básicas.
Según el Ministerio de Desarrollo, más de 11 millones de personas (un cuarto del país) hoy reciben asistencia del Estado para poder alimentarse.
Algo bueno
Pero hay un lado positivo de la devaluación del peso: hace que las exportaciones argentinas sean más baratas y por ende más competitivas.
Eso, sumado al aumento en el precio de la soja -el principal bien de exportación argentino-, lleva a que las autoridades apuesten al sector externo como vía para salir de la crisis.
“Lo que tenemos que tener es el compromiso de la sociedad para aumentar las exportaciones, esto tiene que ser una política de Estado”, señaló el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, al canal de noticias TN, tras anunciar el “supercepo”.
Según Pesce, el exitoso canje de deuda argentino cerrado a finales de agosto, que logró acordar con el 99% de los acreedores externos del país, es “una señal positiva para el mercado” que traerá “tranquilidad” a la economía, permitiendo ir cerrando la brecha cambiaria.
