Las consecuencias de la crisis económica por la pandemia del coronavirus ya se evidencian en el acceso a la salud privada. Más de 170.000 afiliados a obras sociales y prepagas en la Argentina pasarían al sistema de salud pública debido a quedar desempleados en lo que va de la cuarentena.
Los datos se desprenden de los 310.000 empleos destruidos en el periodo diciembre-abril, según el Ministerio de Trabajo, y de una investigación que realizó MiObraSocial.com.ar, sitio especializado en coberturas médicas de Argentina, en donde se concluyó que el 55% de los nuevos desempleados no podrían pagar de su bolsillo un plan de salud o bien no optarán por alguna alternativa como podría ser el aporte de monotributo.
De los 171 mil nuevos dependientes de la salud pública, un 94% accedía a una obra social con los aportes de su antiguo empleo, mientras un 6% pagaba una diferencia para contar con los servicios de una prepaga.
La diferencia se explica principalmente porque son más los usuarios de obras sociales que no podrán afrontar el pago de una privada al dejar de recibir la prestación (67%, vs. un 23% en el caso de usuarios de medicina prepaga).
“Siempre y cuando la persona tenga una antigüedad laboral mínima de tres meses, tendrá derecho a continuar recibiendo su cobertura por tres meses desde la fecha de su desvinculación. Una opción para extender ese tiempo es el seguro de desempleo, a través del cual el beneficiario puede obtener una extensión de su obra social actual, entre otras cuestiones, por hasta 12 meses”, explica Ignacio Cámpora, uno de los fundadores de la plataforma.
Para la encuesta, MiObraSocial tomó una muestra compuesta por 327 personas, 61% de CABA y GBA y un 39% de interior. Un 44% de hogares unipersonales, 25% familias (3+personas), 16% parejas (2 personas), 15% otros.
