El pasado 19 de junio se presentó en una teleconferencia con legisladores y miembros de organismos de América Latina un proyecto de ley firmado por 29 oficialistas que proponía considerar el acceso a internet como un derecho humano. De este modo, el gobierno quedaría habilitado a regular sus tarifas aunque, según dice el mismo proyecto, permitiendo la competencia entre las empresas.
Desde ese momento, han surgido distintas voces a favor y en contra de la medida impulsada, cuya relevancia se ha visto impulsada debido a que la cuarentena puso a los servicios de internet bajo la lupa. Esta semana, la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) emitió un comunicado en el cual deja de manifiesto su postura: “Internet no debe ser un servicio público”.
Según afirma la misiva institucional, “la mera calificación de un servicio o una actividad económica como servicio público no hace por sí misma que esos servicios sean más baratos ni mejores, o siquiera que lleguen a más personas, algo que sí puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria por parte del Estado, a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por cien de los hogares del país”.
Al mismo tiempo, se reclama que “la experiencia histórica tiene sobrados ejemplos de la natural incompatibilidad entre la innovación y la regulación”. El argumento esgrimido por los pequeños prestadores es el siguiente: “La innovación impulsada por el sector privado ha generado una tasa de penetración del 124% de la telefonía móvil (accesos por cada 100 habitantes) y del 63% en accesos fijos de banda ancha (conexiones cada 100 hogares), sin que estos servicios sean calificados como servicio público o estén sometidos a controles de precios”.
Del mismo modo, el sector se manifestó en contra del control de precios. “Implicaría que una eventual suba del dólar haga que el equipamiento que utilizan las redes se vea encarecido, por lo que en el mediano plazo al ISP no le alcanzaría para comprar los equipos que necesita para asegurar la calidad de servicio o expandir el alcance de su red. Otra vez sería el usuario final quien se perjudica”.
Marcelo De Ambrosio, Presidente de CAPPI, sostiene que para lograr una universalización de los servicios de banda ancha son necesarias “reglas de juego claras para la compartición de infraestructura pasiva en todo el territorio nacional, mayores incentivos fiscales, herramientas de financiamiento y políticas de impulso para operadores PyME y, sobre todo, una mesa de diálogo que contemple a los actores PyME que permita a quienes definen las regulaciones conocer qué pasa en la vida real, en las pequeñas y medianas localidades, donde está el 37% de los hogares que aún no cuentan con una conexión de banda ancha fija y donde los grandes operadores no tienen servicio”.
