La presidenta y el vicepresidente del PRO, Patricia Bullrich y Federico Angelini, respectivamente, pidieron al Gobierno Nacional que encabeza Alberto Fernández y al provincial de Santa Fe que lidera Omar Perotti que “escuchen a los miles de argentinos que quieren vivir en una República plena” y que “dejen trabajar al Poder Judicial en paz, sin presiones ni declaraciones de ultimátum”.
“Las masivas movilizaciones del sábado fueron contundentes al expresar un sentimiento genuino de republicanismo, libertad y democracia, que el presidente no debería ignorar ni despreciar diciendo que se trata de gente confundida”, afirmó Bullrich. “Pero, lamentablemente, insiste con la expropiación de empresas, en un tono de ultimátum mediático que lo único que genera es presionar al juez de la causa”, señaló.
“El caso Vicentín se encuentra en un concurso de acreedores, por lo que no hay ninguna necesidad de que el Gobierno Nacional y el Provincial lleven adelante este tipo de conductas ni intenten nuevas intervenciones para incidir en el ámbito judicial”, remarcó la ex ministra de Seguridad. “El plan Perotti es igual pero provincial. Es intromisión”, enfatizó.
En ese sentido, Angelini subrayó que “desde el PRO no defendemos a nadie en particular, ni a Vicentín ni al Banco Nación, porque consideramos que si la Justicia detecta irregularidades, quien sea citado por ella deberá dar las explicaciones y aceptar las sanciones pertinentes; pero sí vamos a dar la batalla por la división de poderes, el derecho a la propiedad privada y las libertades individuales, que este gobierno quiere atropellar, camuflado en el paradójico concepto de ´soberanía alimentaria´ en un país que produce alimentos para diez Argentinas”.
El referente santafesino agregó que “esperamos que Argentina no tenga que volver a padecer estatizaciones forzadas por un capricho kirchnerista como las que todavía estamos pagando todos” y explicó: “Vicentín le debe 295 millones de dólares a Banco Nación, que deberá cumplir, pero no por eso el presidente tiene que condenar a todos los argentinos a hacerse cargo del total de su pasivo que asciende a más de 1.300 millones de dólares”.
Ante esta situación, finalizaron Bullrich y Angelini, “desde nuestro espacio nos ponemos a disposición tanto del Gobierno Nacional como del Provincial de Santa Fe para que, mientras transcurra el concurso de acreedores, aportar, en conjunto, a la búsqueda de otras alternativas ´superadoras´ que permitan salvar la empresa, de manera de que pueda asumir sus obligaciones sin que los argentinos sean rehenes de la mala gestión empresarial o una eventual expropiación”.
