En primer término, no deberíamos sorprendernos que el Gobierno avance sobre la empresa Vicentin. La diputada nacional, Fernanda Vallejos, había anticipado que el kirchnerismo quería quedarse con acciones de empresas privadas que el Estado tuviera que ayudar, en medio de una crisis brutal generada por el coronavirus.
Además en reiteradas ocasiones el oficialismo ha manifestado que desea el control de la agroindustria nacional.
Ocurrió en campaña cuando Felipe Solá declaró que se manejaba la idea de volver a una Junta Nacional de Granos, y hace unos meses en el Senado, cuando la legisladora de Frente Todos, Silvina García Larraburu, presentó un proyecto, siguiendo la misma línea, para institucionalizar el control del Estado sobre el comercio de granos y sus subproductos. Sin dudas, el caso de la agroexportadora santafesina es la crónica de una expropiación anunciada.
Desde hace años, Vicentin se constituyó como uno de los principales jugadores en el mercado exportador de granos, siendo el octavo principal exportador de cereales y el mayor exportador de aceites y subproductos. En el año 2016 batió un récord y fue el primer exportador de aceites y el segundo de harinas. La empresa tiene dos terminales portuarias y en el año 2017 produjo el 21% de la molienda de soja, al año siguiente el 27%.
Todo esto sucede, mientras el gobernador de mi provincia, Omar Perotti, sigue siendo obsecuente con el poder de turno. En 1996, se mostró a favor de la privatización del Banco de Santa Fe y en 2020 a favor de la estatización de Vicentin. Simplemente, un delegado del ejecutivo nacional.
Con su actitud, el gobernador de Santa Fe se está parando del lado equivocado de la historia. No resuelve el problema de la inseguridad y aplaude expropiaciones. Hoy en Santa Fe no solo nos matan, sino que también nos expropian.
Avanzar sobre la principal empresa agroexportadora es una muestra fiel del atropello a la constitución y la ley, algo que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo. Los argumentos de la estatización consisten en asegurar la soberanía alimentaria y la protección de miles de puestos de trabajo. Una escudería para avanzar rápidamente hacia Venezuela.
No hay ninguna duda que ha habido un proyecto del Instituto Patria. Esta es la misma administración que estableció la expropiación en 2012 de: en primer término, Ciccone Calcográfica, medida por la cual el Estado Nacional fue condenado a pagar la suma de $ 350 millones e YPF por el 51%, que estaba en manos de REPSOL, medida que se encuentra actualmente en litigio y, tendrá que dirimirse en los juzgados de Nueva York.
Por eso, la práctica se repite, tan solo hay diferencia en los años de aplicación. Sin dudas, la historia argentina nos vuelve a sorprender: se trata de la primera expropiación a gran escala de un holding agroexportador, y la primera expropiación en un contexto de emergencia sanitaria nacional. Pero, como dijimos, el kirchnerismo ya nos tiene acostumbrados a estatizar empresas. ¿En serio volvieron mejores?
José Núñez – Diputado Nacional – Frente Juntos por el Cambio
