La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que representa a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiésel del país, emitió un comunicado en el que expresa la preocupación por la intervención de la empresa Vicentín, decretada por el presidente Alberto Fernández esta semana.
La institución se manifestó en pos de que “se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, de modo de no generar inseguridad jurídica, cuestionando la propiedad privada que aleja las inversiones”.
Además, Carbio señaló que la industria del biodiesel en la Argentina cuenta con capacidad de producción ociosa, por lo que remarcó que se “podría perfectamente duplicar su participación en cortes con gasoil en el mercado local, colaborando aún más en la sustitución de importaciones de gasoil”.
De ese modo, apuntó que se alcanzaría la “soberanía energética” con un producto 100% de producción nacional y amigable con el medio ambiente, “sin desmedro de las exportaciones de biodiesel, que ayudan a diversificar las exportaciones con mayor valor agregado y sosteniendo así la cadena sojera argentina”.
Según explicaron, el mercado interno de biodiesel está enteramente regulado por el Estado y ha sufrido vaivenes en el cumplimiento de su marco regulatorio. Por lo tanto, “expresamos nuestra preocupación en que si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal con capacidad de abastecimiento local y exportación en biocombustibles, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado”.
En ese sentido, advirtieron que “cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”.
