Según datos oficiales, en 2019 había 17.651 locales comerciales, 3.110 industriales y 9.526 de servicios en Rosario. Hoy estos sectores enfrentan una situación crítica sin precedentes. Ya comerciantes aglutinados en la Federación de Centros Comerciales de la ciudad de Rosario aseguraron que cuentan con “ventas nulas o casi nulas con absolutamente todas las obligaciones pendientes por cumplir”.Al respecto, la concejala Germana Figueroa Casas sostuvo que “los distintos gobiernos anunciaron medidas económicas que, esperamos se acumulen positivamente en el tiempo, pero también es necesario realizar una revisión sobre el equilibrio entre la carga de tributos a la actividad económica y lo que la misma produce”. Y especificó: “Como por ejemplo, la aplicación de cuotas mínimas en el DReI”.
La concejala, también Profesora en Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de Rosario, detalló esta situación. “Si un contribuyente con 2 empleados factura 100.000 pesos mensuales, aplicando la alícuota general, pagaría 683 pesos, sin embargo por aplicación del mínimo, debe ingresar 2272 pesos incluso si su facturación es 0. Por otro lado, si por ejemplo, este contribuyente facturara 1.000.000 de pesos, pagaría 3860 pesos. O sea, estas cuotas son un piso, si se factura por encima del mismo, el contribuyente paga de acuerdo al monto facturado”.
La edila de Juntos por el Cambio sobre este desequilibrio cree que “una empresa o comercio sin facturación o con una facturación mínima no puede abonar lo que se le solicita como cuota mínima en el DReI”. Y agregó que “suspender los mínimos implicaría que solo pague el contribuyente que tiene ingresos y en proporción a los mismos, aliviando así la situación de los sectores más afectados, sin impedir que aquellos que están facturando con normalidad continúen tributando de acuerdo con sus ingresos”.
De aquí la presentación de Germana Figueroa Casas de un proyecto en el Concejo Municipal para suspender la aplicación de cuotas mínimas de DReI, establecidas en el artículo 10 de la Ordenanza General Impositiva, a las empresas durante el periodo de vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Como conclusión general, la concejala aseveró que “la emergencia sanitaria obliga a adoptar medidas para velar por la salud pública, pero también para paliar los efectos de tales medidas restrictivas en el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial”. Y espera que el Municipio se haga eco de esta iniciativa.
