Una aceitera santafesina reveló el precio real de uno de los productos de la escandalosa licitación de alimentos realizada por el Estado Nacional. Se trata de Tanoni, una refinería de aceite vegetal ubicada en Bombal, que le vendió a firmas involucradas en la compra oficial casi a mitad del precio que luego resultó adjudicado.
Tanoni le vendió botellas de su aceite marca Indigo de 1,5 litros a Sol Ganadero SRL y Copacabana SA, dos de las seis empresas que ganaron la licitación, a un precio que oscila entre los $94 y $96. Sin embargo, las intermediarias se lo vendieron al Estado a $158, casi un 40% por encima de su valor original.
“Ambas empresas (Sol Ganadero y Copacabana) son clientes habituales desde hace mucho tiempo; a veces cerramos negocios y a veces no, como con cualquier otro. Es más, con Copacabana hacemos operaciones desde hace unos 20 años”, dijo a ON24 Martín Tanoni, gerente de Tanoni Hnos.
Según el empresario, “es común que en las licitaciones del Estado los proveedores manejen varios productos y que el gobierno unifique la compra en uno de ellos, pero para nosotros no es relevante. Es como si le hubiéramos vendido a un hipermercado o mayorista de Rosario y alguno de ellos se presenta a una licitación y la gana, no tenemos nada que ver con eso”.
“Este fue un negocio en el que no entregamos ni una caja ni llegamos a cobrar, dado que la operación se canceló”, agregó Tanoni. Y aseguró que el precio al que fue licitado no es su de su incumbencia.
EL MISMO DUEÑO
Una de las curiosidades del asunto, es que dos de las empresas que salieron adjudicadas tienen el mismo director y la misma dirección: Sol Ganadera SRL tiene las mismas oficinas que Alimentos Generales SA. Ambas en la Avenida Corrientes 1327 piso 4. En las dos aparece Federico José Toscano como director o apoderado.
Este hecho cobra especial relevancia por el formato en que se organizó la compra por parte del Gobierno que, en medio de la pandemia, sacó una normativa que establece que no realizará licitaciones públicas sino contratación directa. Para ello, es obligación contactar por email a tres proveedores del Estado que puedan brindar bien o servicio.
“Fue el propio Estado el que eligió a los tres proveedores que corresponden al mismo grupo empresario. Un funcionario (del Ministerio de Desarrollo) mandó el mail a tres proveedores sabiendo que detrás estaba la misma persona”, explicó a Infobae la ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Silvia Martínez, que radicó una denuncia penal por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude al Estado.
Consultado por la existencia de una relación con Toscano, Tanoni aseveró que no lo conoce ni es un dato relevante para los negocios que realizan habitualmente. “Como a cualquier otro cliente lo podemos manejar directo o a través de la estructura de más del 30 vendedores que tenemos en el país”, apuntó.
REDACCIÓN ON24
Por Mariano Fortuna / m.fortuna@on24.com.ar
