El informe del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de Fundación Libertad (CISE) revela que en los 11 meses de 2014, el Estado gastó alrededor de $468 millones por día en subsidios económicos a empresas. El Estado Nacional ha llevado a cabo en los últimos doce años una política centrada en una expansión impresionante del gasto público.
Los subsidios de carácter económico y social resultaron una de las principales herramientas en la implementación de esta política. Precisamente, los primeros se constituyeron en una forma particular de “asistir” a una gran cantidad de empresas de origen público mediante transferencias directas de dinero, lo que en cierto modo se observa a través de un mayor gasto corriente de la Administración Pública Nacional (APN). El hecho es que tales transferencias condujeron a forjar un sistema tan ineficiente que dio como resultado la absoluta dependencia de las mismas hacia los subsidios del Estado y por ende, niveles de erogaciones cada vez mayores para financiarlas.
Se exponen los principales resultados que se obtienen al analizar la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional entre los meses de enero y noviembre, de 2014, particularmente en lo que respecta a las transferencias corrientes (subsidios).
De acuerdo a los números de la ejecución presupuestaria, la APN destinó para el período enero noviembre de 2014 la suma de $156.323 millones en subsidios económicos, es decir, un 66% por encima de lo destinado para el mismo período del año anterior. Cabe aclarar, que dicha suma de dinero se distribuye entre el Sector Energético, el Sector Transporte, Otras Empresas Públicas, el Sector Agroalimentario, el Sector Rural y Forestal y el Sector Industrial. No obstante, la mayor tajada va para los dos primeros. El rubro Energía y el de Transporte se llevan la mayor proporción, aproximadamente un 72% y un 24% en forma respectiva.
En otro orden, se podría decir que el Estado Nacional en los once meses de 2014 gastó alrededor de $648 millones de pesos por día en subsidiar una gran cantidad de empresas, entre las que podemos mencionar CAMMESA, ENARSA, Aerolíneas Argentinas, entre otras.
Asimismo, tal como se puede ver en el siguiente gráfico, de las empresas relevantes que subsidia el Estado, CAMMESA lleva la delantera en lo que respecta a la cifra destinada por día para mantenerla, esto es, se gastaron 192,1 millones de pesos diarios entre enero y noviembre de 2014. Cabe recordar que dicha empresa es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., cargando sobre esta buena parte de los costos que implica el retraso en materia tarifaria, sumado a un sinfín de ineficiencias administrativas y operativos.
Por otro lado, el erario público destinó aproximadamente $106,6 millones por día para subsidiar ENARSA (Energía Argentina S.A) la empresa creada en 2004 para proveer energía “eficientemente” en todas sus formas, tal como indica su misión en la página web de la misma. Y la lista puede continuar, por ejemplo en lo que respecta al sector de transporte, 19 millones de pesos/día es la cifra que se calcula se ejecutó para Ferrocarriles General Belgrano.
Finalmente, en base a los datos publicados se estima que en Aerolíneas Argentinas el Estado gasto alrededor de 10,2 millones de pesos diarios para financiarla, lo cual da cuenta de la ineficiencia y el despilfarro de fondos dado que la misma hace años viene operando a pérdida a raíz de los constantes déficits registrados.
En conclusión, cabe recordar que el esquema de subsidios, sobre todo al transporte y a al sector energético, tuvieron como principal finalidad mantener bajo control las tarifas de los servicios públicos y los precios de determinados bienes. Si bien esta política resultó ventajosa en los años siguientes a la devaluación de 2002, al actuar como un ancla de precios que contuvo la inflación, desembocó en una enorme ineficiencia al incrementarse de manera desmedida sin atender a sectores que estrictamente lo necesitaban. Es por ello que hoy, a doce años de la implementación del complejo sistema de subsidios, las decisiones que no se tomaron en su momento y a tiempo (tales como la quita gradual de los mismos) pesan más que nunca, habida cuenta del gran peso que tienen los mismos en el total de erogaciones del gobierno.
