La Federación de Acopiadores de Cereales es una entidad de segundo grado creada en 1946. En ella confluyen las realidades de alrededor de 1000 empresas acopiadoras de granos que representan el 40% de las instalaciones totales en el interior del país y prestan servicios a aproximadamente el 70% de los productores. En muchos casos estas empresas son quienes los asesoran, aseguran la logística de granos, distribuyen insumos o financian programas de siembra. Son más de 3.000 millones de dólares de inversión que los acopios ponen al servicio de una eficiente movilización de las cosechas argentinas cada campaña.
Como es tradición, este miércoles 27 la Federación de Acopiadores de Cereales realizó su brindis de fin de año. Allí, el presidente de la entidad, Fernando Rivara, aprovechó su discurso para detallar los principales temas que integran la agenda del acopio.
“Desde el sector privado nos debemos una actualización de las reglas y usos del comercio de granos que genere mayor eficiencia administrativa y equidad en las prestaciones recíprocas, previendo situaciones de alta inflación y volatilidad cambiaria”, sostuvo el titular de la Federación para agregar luego que también es necesario colaborar con las autoridades y repasar las normas de calidad de los granos. “Es muy auspicioso que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se haya interesado en estos temas y que la Cámara Arbitral haya convocado a la presentación de inquietudes”, apuntó.
Con respecto al transporte automotor “seguimos bregando por consolidar la libertad y un esquema de tarifas referenciales cuya aplicación no discrimine fuertemente a las plantas de acopio”, expresó Rivara, no sin antes recordar que el acopio comercializa el 50% de los granos, distribuye el 40% de los fitosanitarios y el 25% de los agroquímicos.
La relación con el sector público fue otro de los temas abordados. “Es necesario que las instituciones generen fundamentos para el diseño de las políticas comerciales de la agroindustria. Debemos asumir la responsabilidad tener una voz y aportar los elementos técnicos que permitan evaluar los resultados económicos de la adopción de diferentes escenarios de políticas comerciales”, detalló. Además, “creemos conveniente continuar con los lineamientos y las acciones referidas al contralor comercial agropecuario a cargo de su actual organismo, que por razones técnicas debería mantener cierta autonomía, al margen de los cambios políticos”, sostuvo Rivara.
En esa línea, recordó las palabras del Presidente electo Alberto Fernández, en las que llamaba al campo, la minería y el petróleo a “hacer un esfuerzo”. Rivara sostuvo que “eso está muy bien, pero con mucho respeto le digo al Presidente electo que sería bueno que la política se sume a ese esfuerzo porque, por ejemplo, se nos fueron 37.000 millones de pesos en un Congreso que sesionó sólo seis veces en un año mientras tenemos un 38% de pobreza”.
El presidente de la Federación de Acopiadores también expresó la aspiración de lograr avances sustantivos en todo lo referido a la optimización de la infraestructura de galpones ferroviarios y a las escrituraciones de terrenos cedidos hace casi 50 años en los cuales se han construido – y aún se construyen- plantas de silos. “Estas cosas suceden en la Argentina y es necesario que se normalicen”, dijo el titular de la entidad.
Desde el punto de vista impositivo “reiteramos la necesidad de reducir, tal cual estaba previsto, la incidencia de impuestos muy distorsivos que afectan las transacciones y, por lo tanto, la actividad de nuestras empresas acopiadoras (débitos y créditos, sellos, ingresos brutos). Siempre estaremos dispuestos a competir por eficiencia, pero no podemos aceptar perder competitividad por imperio de impuestos distorsivos”, puntualizó.
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s), que forman parte de todas las agendas institucionales, también fueron mencionadas por Rivara: “Como miembros de la cadena agrícola tenemos la responsabilidad de colaborar con su elaboración, aplicación y apoyar a los organismos encargados de su control, poniendo especial énfasis en la protección del medio ambiente. Para ello trabajamos en un proyecto de ley nacional coordinado por la Fundación Barbechando que intenta ordenar la anarquía que hay sobre las aplicaciones de fitosanitarios existe en distintas localidades del país”.
