Hace pocos días en Tucumán, y en el medio de su gira electoral, Macri aseguró: “Les quiero anunciar que vamos a extender la ley de bioetanol, del 2021 al 2023, para garantizar el empleo a los tucumanos”. Si bien el mensaje resultó confuso, dado que se refirió únicamente al bioetanol y no incluyó a los biodiesel, desde el sector creen que se refería a la ley de biocombustibles que es la 26.093. De cumplirse lo prometido, Macri prorrogaría por decreto la actual ley que vence en mayo de 2021 y extendería su vigencia hasta 2023.
Las expectativas respecto de si se extienden la ley no son las mejores. Desde principio de año, y en reiteradas ocasiones, el sector advirtió que la situación es crítica, y apuntan contra el Gobierno, que según afirman, cambió las fórmulas de cálculo para el biodiésel, que se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas y se elabora con maíz y caña de azúcar. Desde septiembre, y a pesar de la última actualización de los precios mínimos fijados en el Boletín Oficial, el sector de biodiésel confirmó que la mayoría de l as plantas continúan paralizadas.
“Una parte de la industria considera que la ley actual tiene muchas limitaciones, por lo que es fundamental que la promesa venga asociada a nuevas condiciones”, dijo Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno. En ese sentido, contó que la nueva Liga Bioenergética de Provincias, de la que es miembro, confeccionó un anteproyecto de ley de biocombustibles que tiene tres propuestas fundamentales y una serie de sugerencias más técnicas.
En primer lugar, solicitan que se regulen los cupos. “Se debería mejorar el reparto y hacerlo más predecible para evitar en nivel de conflictividad que hay”, aseguró Molina. Como segunda propuesta, esperan que los cortes aumenten el contenido de los biocombustibles para las mezclas con gasoil y naftas. Quieren llevar el porcentaje de bioetanol a un número similar al de Brasil, es decir, que haya un aumento del 12% al 27,5%. “A medida que la industria aumenta su capacidad instalada, no crece la demanda y eso genera un problema importante”, indicó.
Tercero, reclaman que la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Energía, tenga menos grado de libertad para ejercer. “Hay normativas que no se cumplieron, como la fórmula que establece el precio mínimo. La Secretaría la decidió de forma arbitraria y según su subjetividad”. A su vez, Molina cuestionó que sea una medida de corte electoralista.
Por su parte, Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, también cuestionó la promesa de Macri. “Me parece que es muy poca cosa frente a lo que realmente se puede hacer”, afirmó. Adama explicó que hay una capacidad ociosa de más del 30% en el sector. “Esta medida no responde al problema, queremos usar más la capacidad instalada. Tenemos la materia prima y el Gobierno no da respuesta en este sentido”, insistió.
Adam advirtió que la industria busca es que se incremente el corte y no seguir con el régimen tal como está. “Lo que propone el presidente congela la foto y no permite utilizar toda la capacidad del sector”. Además, añadió que el propio gobierno no cumple con el actual régimen ni con la fórmula para definir los precios. “Así que no sé qué quiere prorrogar”, observó. Según informaron de La Nación.
Por otro lado, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, espera que lo prometido por Macri no sea sólo un anuncio de campaña. “Que se prorrogue el decreto es positivo, pero si no se acompaña con un aumento del precio, el esquema no funciona. Tenemos una ley extendida, pero un precio que no funciona”, agregó. Jáuregui confirmó que las plantas del sector continúan paralizadas y pidió que en lo inmediato se aumenten los precios