En la pasada semana un preocupante proyecto legislativo ha vuelto a ponerse en la mesa de debate. Se trata, en este caso, de la creación del mal llamado Impuesto Solidario del Profesional, que no es otra cosa que un discriminatorio impuesto al ejercicio profesional -al trabajo-, y la eliminación de la gratuidad bien entendida de las universidades públicas nacionales en nuestra provincia. Parecería ser que Argentina es un país que está de olvido, y siempre gris, porque se reeditan debates que ya han tenido su oportunidad y su tiempo; y su rotundo fracaso, en particular a nivel nacional en el año 2010 de la mano de la Diputada Nacional por el Frente para la Victoria Juliana Di Tullio.
El Proyecto de Ley Nº 28.804-DB es empujado por la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación -nombre pomposo si los hay-, y lo firman sus creadores e impulsores: Ricardo Olivera (Santa Fe Para Todos), Leandro Busatto (Frente para la Victoria) y Verónica Benas (Pares). Mediante el mismo se crearía el denominado Instituto Provincial de Solidaridad Educativa. Difícil no preguntarse si sus autores saben veramente qué significan todos esos vocablos, juntos y por separado. ¿El objeto de este nuevo órgano administrativo? Según la propia normativa: otorgar becas a ciudadanos nacidos en la Provincia de Santa Fe o que acrediten cinco años de residencia en la misma, y que cursen estudios en Universidades Públicas o Institutos de Nivel Superior Públicos situados en la Provincia de Santa Fe.
El Instituto Provincial de Solidaridad Educativa sería un ente autárquico, con autonomía financiera, sede en la capital santafesina, con posibilidad de abrir delegaciones en otras jurisdicciones si así lo requiriera, y conformado por un Comité de Evaluación integrado por representantes del Ministerio de Educación a nivel Nación, del Ministerio de Educación de la Provincia, de los profesionales matriculados egresados de universidades públicas sitas en la provincia, y Senadores y Diputados Provinciales. Este Comité vendría a ser el organismo facultado para definir el tipo de becas a otorgar, sus montos, reglamentos de evaluación, carreras a priorizar, entre otras potestades. ¿Falta más? Sí, falta más. Habría un Director Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo Provincial. Éste con una remuneración equivalente al cargo de Director Provincial.
Sin embargo, como suele suceder, el eje de toda esta cuestión se centra en los recursos, de dónde provendrán los fondos para crear un nuevo organismo, pagar nuevos sueldos, y posteriormente un hipotético reparto de dinero en forma de becas entre la ciudadanía. Este proyecto da existencia al que nomenclan como “Impuesto Solidario del Profesional”, el cual pasaría a incorporarse al Código Fiscal Provincial, y cuyos recursos irían a cuentas específicas del Instituto, a crearse en el Agente Financiero del Estado Provincial. Un dato llamativo, establecido en la propia letra del proyecto: hasta el 10% de lo recaudado podría ser destinado para gastos de funcionamientos propios de la operativa. Ya se van notando los costos sin siquiera ser Derecho vigente.
La base imponible será la suma equivalente al 1% de dos veces el importe anual del salario mínimo, vital y móvil; monto que se determinará al 31 de diciembre del año inmediato anterior al ejercicio fiscal de que se trate. El SMVM es, a la fecha de $ 4.400, siendo su doble $ 8.800, con lo cual el monto a tributar rondaría los $ 1.000 anuales por persona. Los sujetos obligados al tributo, por su parte, serían las personas físicas que hayan egresado de universidades públicas con sede en la provincia, que estén matriculadas, y que posean de manera anual ingresos iguales o superiores a dos veces el importe anual del SMVM. Si bien se trata de un impuesto anualizado, el Instituto podrá establecer su pago en cuotas, a discreción, y las universidades públicas se verán forzadas a entregar información de sus egresados, elevando antes del 31 de marzo de cada año un listado de profesionales para la confección de un padrón único.
La norma proyectada no lo especifica, pero el hecho imponible es simple y se trasluce: el haber estudiado en una universidad pública una carrera para la cual luego haya que matricularse para poder ejercerla. No es más que otro aspecto de la loca y desenfrenada carrera estatal por encontrar situaciones fácticas que puedan convertirse en hechos imponibles y así generar sujetos obligados, todo en pos de recaudar y esquilmar a los contribuyentes.
Asimismo, la autoridad de aplicación otorgará un certificado de cumplimiento de pago, y para eximirse del tributo habrá que haber completado veinte años de aportes de este impuesto. Uno no puede no preguntarse si no habrá también que juntar veinte taloncitos y rogar no haberlos perdido al llegar al final del recorrido.
Por si ello no fuera suficiente, esta supuesta solidaridad no deja de ser el fin de la gratuidad en lo que refiere a nivel universitario público. Si a nivel nación la educación ha de ser libre, pública, gratuita y laica, entonces el pago forzoso tras la obtención del título de grado, por un plazo de veinte años, es la traducción directa de que ya no exista más educación pública gratuita. En los hechos, el que pueda optar por el camino de la educación privada para evitar pagos a futuro, lo hará, y quien no pueda optar por ese camino, se verá constreñido a oblar un tributo por un período prolongado de tiempo, profundizando así las diferencias e inequidades sociales. Nos estarían alquilando los títulos. Uno nunca terminaría de ser dueño de su diploma del todo. Un leasing de las profesiones de los santafesinos, una relación de vasallaje.
No deja de ser éste un vil impuesto al trabajo, al fruto de las labores de quienes han dedicado su vida al estudio y ahora verán atacados sus trabajos como profesionales. Santa Fe es una provincia que nos tiene acostumbrados a la doble imposición, aunque tome otros nombres, desde que ya se hace cargar a los contribuyentes en sus espaldas con el Impuesto a los Ingresos Brutos. Si es tan buena idea la creación de este impuesto, ¿por qué no lo convierten en una donación voluntaria? Si es una idea tan buena, la gente aportará. Si no lo es, entonces la idea no era tan buena, y de no serlo no debería obligarse a la gente. ¿Y si en vez de dar una beca, que la beca la dé cada persona? Y pueda seguirla, vigilarla, controlarla. Ya que el Estado quiere jugar a ser nuestros padres, de última que permita que los que quieran donar se comporten como padres de verdad.
El genial economista Milton Friedman siempre contaba que no existen los almuerzos gratis. Alguien siempre paga la cuenta. No existe lo gratis. Estas supuestas ayudas tampoco revisten ese carácter. Es un almuerzo demasiado caro e inconstitucional, y lo vamos a terminar pagando todos.
