El proyecto urbanístico Distrito Funes de Horacio Angeli, comenzó el 31 de octubre de 2012, a buscar luz verde para su ejecución. A seis años de un extenuante peregrinaje burocrático, el empresario continúa esperando una respuesta del Concejo Municipal, organismo responsable de habilitar el permiso del megadesarollo que involucra: hospital y universidad privada, residencia para adultos mayores, área de viviendas y zona ejecutiva con locales comerciales y oficinas, alojados en un predio de cinco hectáreas delimitadas por la Ruta Nac 9 y las avenidas Fuerza Aérea (extensión de calle Mendoza de Rosario) y Jorge Newbery.
En el último día de sesión del cuerpo legislativo, la respuesta por un sí o la negativa a la obra del Grupo Transatlántica, se hace esperar, poniendo en serio riesgo la inversión que entra en fase de re evaluación del propio grupo.
“Francamente no entiendo por qué el desarrollo no tiene el visto bueno del Concejo de la ciudad. Hemos adaptado la obra a todos los condicionamientos exigidos, resignamos altura, restando considerablemente la cantidad de metros cuadrados, reforma que cambió sustancialmente la ecuación económica del proyecto, en detrimento de su rentabilidad”, explicó a ON24, Angeli, quien envió un escrito a nuestra redacción con la génesis del desarrollo, en una línea de tiempo que se inicia en el último trimestre del 2012 a estos días.
A estas horas, el costo de oportunidad evaluado por el grupo empresario aumenta, poniendo en serio riesgo la llegada de la millonaria inversión, que no sólo involucra un centro de salud de vanguardia y generación de fuentes de trabajo local, también están en juego $150 millones de pesos de obra pública, principalmente vial.
“Todo negocio tiene un ‘timing’, los privados nos manejamos con otros tiempos muy diferentes al de los funcionarios públicos, sencillamente porque ponemos en riesgo nuestro capital”, sostuvo el Ceo del Grupo Transatlántica, desconcertado por la falta de una explicación ante tanta inacción.
Distrito Funes goza del visto bueno del gobernador Miguel Lifschitz, fue incluso tratado en el Ente de Coordinación Metropolitana, restando sólo la decisión de un cuerpo colegiado de 6 miembros, que sigue sin dar respuesta en la última sesión del año.
“Privar a la ciudad de $150 millones en obra pública, el ingreso de un monto considerable en tributos, un hospital de última generación, una universidad, contratación de mano de obra local, público de otras localidades que llegarían al distrito para gastar dinero en la ciudad, todo en el contexto de una recesión monstruosa, es para mí incomprensible, y a la fecha, nadie me sabe explicar por qué no nos otorgan el permiso”.
Visiblemente cansado, ante la inmutable conducta del Concejo, concluyó: “No puedo entender cómo pueden privar a la ciudad de tanto en medio de semejante recesión”.
