Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad
@GarretEdwards
“Será la Municipalidad de la ciudad de Pérez la que determinará oportunamente el destino de los bienes expropiados, que en ningún caso podrá desvirtuar la vinculación con la actividad ferroviaria o productiva, al menos en los sectores del inmueble en los cuales se encuentran emplazadas las construcciones en que oportunamente se conformaron los Talleres Rioro SA”. El texto es anecdótico. Ejemplos así, desafortunadamente, sobran en la Argentina en que vivimos. Y en especial en la Provincia de Santa Fe. Es que, recientemente, la Legislatura Provincial aprobó la ley para expropiar los talleres ferroviarios de la firma de referencia. Obligando, asimismo, a que el destino final no desvirtúe su origen. Olvidando, daría la impresión, que la que está desvirtuada en sus orígenes es la infame herramienta de la expropiación.
La empresa Rioro cesó en su actividad, y cerró sus puertas, a mediados del 2017. Decíamos que el nombre es accidental porque podría ser cualquier otro, y cambiaría poco el análisis del relato fáctico. Ello motivó comprensibles reclamos por parte de los trabajadores de la empresa, que vieron desaparecer su fuente de trabajo de la noche a la mañana. Sin embargo, que un reclamo sea comprensible no significa que deba ser atendido de la forma en la que se lo atendió. Flashforward un año después, y la Legislatura Provincial, tras su tratamiento en ambas Cámaras, con algunas leves modificaciones propuestas en Senadores y aprobadas raudamente en Diputados, nos dejó una nueva norma como regalo navideño. Y con el consabido gasto público que ello genera.
Es cierto que tras esta medida la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, al expropiar los talleres ferroviarios de Pérez (al quitarle a un privado su legal y legítima propiedad, aclaremos), mantuvo una fuente laboral para los 80 exempleados de la firma. ¿Pero a qué costo? ¿Qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve de esta medida? ¿Entendieron bien los legisladores que votaron favorablemente esta medida? ¿Qué le hace pensar a la Legislatura Provincial que lo que no era un buen negocio para el sector privado va a ser un buen negocio para el sector público? En criollo, si no generaba ganancias antes, ¿por qué habría de hacerlo ahora?
En los pormenores del texto en concreto de la normativa, habría quedado en cabeza de la Municipalidad de Pérez el correr con los gastos de la implementación de la ley. La empresa se dedicaba a la fabricación, reparación y modernización de locomotoras y afines. Una colectivización de las pérdidas generada por el Estado. Antes perdía la empresa, y si no le cerraban los números, se iba del tablero. Ahora la pérdida es soportada incluso por aquellos que no obtienen ningún rédito del negocio, y hasta quizá por los ciudadanos más vulnerables y que menor beneficio, siquiera indirecto, reciben del emprendimiento.
Se ve lo que se nos aparece delante, pero se olvida todo aquello que está detrás. Lo que es invisible, lo que no es tan directo. Las otras cosas en que ese dinero podía haberse gastado. El daño que produce en la seguridad y certidumbre jurídicas el hecho de que el Estado venga, de un día para el otro, y se apropie de lo que es de los particulares. De lo que han sabido ganarse y generarse por sus propios medios. En el fondo, no sorprende. Hace poco charlaba con un importante funcionario público que no sabía lo que era el “eminent domain” norteamericano. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
