La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, en nombre de los productores ganaderos que representa, manifiestó su “preocupación por los alcances de la Resolución General N° 3649 de la AFIP, que obliga a la colocación de un dispositivo de identificación electrónica a todos y cada uno de los animales que componen el rodeo bovino argentino, a partir del 1° de enero de 2015. Lejos de pretender obstruir cualquier intento por facilitar la transparencia que debe existir en toda la cadena de producción y comercialización de la carne vacuna, por la cual se trabaja de manera denodada, está obligada a hacer notar que el Organismo recaudador cuenta con toda la información que dice necesitar, ya que el sistema de trazabilidad vigente, desarrollado y aplicado por otra repartición estatal – el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) – permite conocer la existencia de ganado bovino, la composición del rodeo y cada una de sus modificaciones por nacimientos, muertes o traslados, las operaciones de compra-venta, el peso de existencia y de faena y su precio, todo lo cual resulta claramente suficiente para que la Autoridad de Aplicación pueda desarrollar las tareas de control, fiscalización y recaudación de manera eficiente”.
En efecto, el sistema conocido como “SIGSA” obliga a todo productor que necesite movilizar su ganado, tanto para traslado o comercialización, a tramitar ante el SENASA la documentación oficial que lo autoriza (Documento de Tránsito Electrónico – DTe) en la que constan todos los antecedentes de los animales en cuestión, incluidos los números de caravanas individuales identificatorias, únicas e irrepetibles, que contienen los datos que avalan su trazabilidad. El transporte de esa carga se realiza en camiones debidamente precintados, cuyos datos también se plasman en el Documento de Tránsito antes mencionado. El incumplimiento de este paso, previo a la comercialización o traslado de la hacienda, hace imposible efectuar esa pretendida operación. Todo este proceso, cuya instrumentación representa un costo económico que recae sobre el productor, pretende ser reemplazado por un dispositivo electrónico. Iniciativas similares en otros países igualmente productores prevén su ensayo e implementación en un horizonte temporal marcadamente mayor. Tal el caso de las naciones que forman parte de la Unión Europea, que con un rodeo total algo superior al de nuestro país, han fijado un período de prueba y estudio con una primera evaluación del sistema en el año 2019 para recién, y a partir de los resultados obtenidos, pensar en disponer su obligatoriedad en el año 2023.
“Dadas las condiciones de la variadísima geografía nacional y de muchos establecimientos ganaderos, sin posibilidades técnicas ni económicas imprescindibles, resultará imposible identificar las más de 50 millones de cabezas del rodeo bovino nacional en tan solo 5 meses. Luego de tantos años durante los que los funcionarios se ocuparon de obstaculizar, complicar y volver prácticamente inviable cada una de las actividades productivas y comerciales derivadas del campo, nadie se atreve a pensar que una Resolución de este tenor pueda ser producto sólo de su impericia o de su falta de conocimiento de la realidad en que se deben llevar adelante las tareas en este sector productivo”, dice el comunicado de la entidad.
“Una medida de esta naturaleza permitirá llenar las arcas de alguna empresa amiga del poder, denominada en la citada Resolución General como “empresa proveedora”, sólo por el suministro de ese dispositivo electrónico, cuyas características aún hoy no se han definido pero descripto como un chip”.
¿Puede alguien pretender que los productores ganaderos argentinos sean tan cándidamente ingenuos de pensar que esta maniobra persigue objetivos solamente identificatorios? Tratándose de un Gobierno Nacional sospechado y salpicado por incontables hechos de corrupción, la posibilidad de apoderarse de una nueva caja – de contenido y dimensiones fácilmente calculables – permite aseverar que estamos frente a otra medida de carácter típicamente recaudatorio, que persigue intereses fiscales no confesados y abre las puertas a nuevo botín altamente apetecible.
“Por todo lo expuesto, consideramos innecesaria la instrumentación de cualquier medida improvisada que intente reemplazar al actual sistema de trazabilidad”, dijeron desde la cordobesa Cartez.
