Un informe de CISE, Centro de Investigaciones Sociales y económicas de Fundación Libertad, compara la deuda con los Holdouts
con algunos indicadores de la economía argentina.
Las conclusiones disparan dudas de por qué el gobierno argentino pone tanto empeño en no acordar.
En tiempo de descuento. Si, tal como lo indica la cuenta regresiva on line del grupo American Task
Force Argentina –entidad financiera a favor de los buitres- apenas quedan seis días para que nuestro
país entre en cesación de pagos.…
El nuevo revés de la justicia americana dejó a la Argentina al borde del default. Griesa, harto de
la actitud de los funcionarios argentinos, rechazó la reposición del stay (suspensión de los efectos
de la sentencia) e instó al gobierno a negociar antes del 30 de julio próximo.
Lamentablemente, se llega a esta situación por no acatar el fallo y pagar como se debería –o
eventualmente negociar la forma de pago- una suma equivalente a los 1.300 millones de
dólares. Pero vale preguntarse ¿de cuánto estamos hablando? ¿A qué equivale esta cifra?
Para tener idea, esto representa el 0,3% del PBI, el 1% de la recaudación tributaria nacional
anual, el 0,6% del total de deuda pública, el 4% de las reservas, el total del déficit operativo que
registraron las empresas públicas el año pasado y el 1% del total del gasto público a nivel
nacional. Las comparaciones podrían continuar pero sólo a partir de estas se puede apreciar que
hay capacidad de pago. Es dudoso también que no se pague para evitar disparar la cláusula RUFO
(Rights Upon Future Offers) -fijada en los canjes 2005 y 2010 y que estable que no puede haber
una mejor oferta a los holdouts- ya que, como bien señalan los expertos en el tema, el pago no
sería voluntario sino consecuencia de una orden judicial, entonces no habría posibilidad que
otros acreedores reclamen. En efecto, está más que claro: no hay voluntad de cumplir con los
compromisos asumidos.
El gobierno, bajo su bandera de “nacional & popular” debería contemplar lo costoso que sería
entrar en default. Para una economía ya muy golpeada, con inflación en torno al 40% anual,
caída de actividad, escaso crédito y desborde fiscal, el escenario se complicaría mucho más,
afectando directamente el empleo y la pobreza. Si quedaba alguna posibilidad de ingresar al
mercado financiero internacional, con esta situación quedarían echadas por tierra, tanto para el
sector público como para el sector privado. Además, las tasas de interés irían a la suba y habría
más presiones sobre el tipo de cambio y las reservas. La inflación también se aceleraría porque la
única vía de financiamiento que le quedará al fisco será la emisión.
La actual administración apostó al endeudamiento para seguir financiando la expansión fiscal y
le salió mal. Y no sólo no asume las consecuencias sino que, por el contrario, agrava el contexto
con una conducta desafiante y agresiva. Solo basta escuchar las declaraciones que hizo la
presidente en el día de ayer.
Por estas horas, hay alguna probabilidad que Griesa reponga la cautelar por pedido de los
bonistas en litigio dándole a la Argentina tiempo hasta enero de 2015 y evitar así el tan temido
disparo de la cláusula RUFO-, pero a cambio, pediría una suma de dinero como garantía.
Cualquiera sea el caso, sería deseable que las autoridades de una vez por todas sean responsables
y profesionales y en las próximas horas terminen con su relato, se dispongan a negociar en serio y
eviten el default.
REDACCION ON24
Fuente: CISE
