Por Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de Fundación Libertad
La edición 2018 del IDP elaborado anualmente por Fundación Libertad evidencia, una vez más, la significativa injerencia que el Estado tiene en las provincias a través de los indicadores analizados como el tamaño de su sector público, la presión impositiva o el nivel de empleo público. A la vez, se detectan significativas disparidades entre las jurisdicciones.
El Índice de Desempeño Provincial (IDP) mide la intromisión del Estado en las economías del interior a través de más gastos, más impuestos, más deuda y más empleo público. Utiliza un puntaje de cero a 10, donde un mayor valor implica un mejor desempeño de la provincia. El Índice 2018 alcanza en esta edición uno de los cinco puntajes promedio de provincias más bajos de la serie que se inicia en 2005. No obstante, se advierte una leve mejora en relación a la edición pasada al pasar el valor medio de 5,18 a 5,22 puntos.
Por su parte, los resultados del IDP muestran, nuevamente, que las provincias líderes y las de más baja calificación en el ranking básicamente son las mismas desde la primera versión de este índice. Específicamente, por décimo cuarto año consecutivo, Ciudad de Buenos Aires y San Luis lideran el podio, que completa Santa Fe, mientras que Formosa y Chaco se adjudican las últimas posiciones. Esto demuestra que las heterogeneidades provinciales adquieren un carácter estructural.
Para la edición 2018 del IDP el gasto público corriente promedio provincial alcanzó el 22,2% del PBG, siendo una de las cifras más elevadas de la serie. También, se ubica entre los valores máximos la presión impositiva que ejercen los estados subancionales sobre los contribuyentes, con un promedio provincial del 4,7%.
En todos estos casos, como se mencionó, siempre se advierte una importante disparidad entre provincias. Por ejemplo, en CABA las erogaciones de carácter corriente representan el 7,8% de su PBG en tanto que en Formosa equivalen al 41,2%, esto es, cinco veces más. Sobre la carga tributaria, la provincia de mayor presión impositiva es Tucumán, con un valor para esta variable equivalente al 7,9%. A la vez, es una de las jurisdicciones que más incrementó este indicador junto con Misiones desde el IDP 2005. En el otro extremo, Catamarca es la de menor carga fiscal con un guarismo del 1,5%.
En otro orden, la variable que mide la relación entre los empleados públicos y la población ocupada –variable C1 del IDP- muestra el valor promedio provincial de más bajo desempeño desde que se confecciona el IDP. Por cierto, la proporción de agentes estatales provinciales sobre el total de la población ocupada es del 17,6% cuando dicho ratio era del 14% en la primera edición del índice.
La cantidad de trabajadores estatales de este nivel de gobierno supera los 2,2 millones de personas, habiéndose incrementado un 63% entre 2003 y 2016. Nuevamente, las diferencias entre las economías son por demás llamativas. En Tierra del Fuego la cantidad de empleados públicos subió un 119% en el período mencionado mientras que en Formosa la variación fue del 14%.
A través de indicadores fiscales, este índice tiene como propósito contribuir al diagnóstico de la situación de las finanzas provinciales y la posterior formulación de políticas públicas orientadas a un Estado más ordenado y eficiente. A partir de esto, será posible generar un clima amigable a la inversión, fuente de empleo, productividad y crecimiento.
En este marco, afortunadamente, la necesidad de efectuar una reforma integral del sector público en sus tres niveles de gobierno, como lo viene marcando el IDP desde hace 14 años, es un tema que de a poco se va instalando en la agenda de los actores económicos.
