El Secretario de Desarrollo Sustentable de la provincia de Jujuy, Hernán de Arriba Zerpa, fue el encargado de abrir el panel explicando cómo el hecho de haber transitado por sectores tan disimiles como el ambiental, el técnico, el empresario y el productivo, le permitió acceder a una visión integral para diseñar estrategias para el desarrollo de sistemas productivos sustentables y de bajo impacto ambiental. Tras destacar la diversidad de climas, geografías, y culturas que contiene Jujuy, ponderó el cambio en la matriz productiva que se viene registrando desde que el cambio de gobierno en 2015 por medio de la sinergia entre la administración provincial y la nacional. “Eso permitió desarrollar oportunidades con un mensaje claro, lo que, por ejemplo, permite contar hoy con grandes inversiones en rubros como el litio o la energía solar, y con un marcado rumbo hacia nuevos sistemas productivos en un ámbito de sustentabilidad y menor impacto ambiental”, sostuvo.
“Jujuy Verde”, explicó, es el lema de la gestión provincial para promover estas políticas que contempla mecanismos de adaptación a los tratados sobre cambio climático, el Acuerdo de París, el plan de acción de bosque y de bosque nativo, por mencionar algunos paradigmas. “En todas estas acciones se articulan los ministerios de Producción y de Ambiente”, aclaró, y mencionó el Plan Provincial de Fomento Forestal (con financiamiento a productores) como uno de los productos der este trabajo interministerial. “Ese es el camino, con el sector productivo y el ambiental yendo de la mano”, resumió. Tras relatar parte de su vida (que incluyó un pasado de férreo defensor del ambientalismo, otro de productor y otro de técnico) Arriba Zerpa concluyó que “después de ir y venir, la certeza es el equilibrio”, algo que se muestra decidido a buscar desde la gestión pública que lleva adelante en el gobierno jujeño. “El único sector que puede traccionar cuestiones de conservación sustentable es el productivo. Se logran más cosas desde lo productivo que desde lo ambiental porque se avanza hacia objetivos”, precisó. Por último, se refirió a los esquemas de certificación territorial, donde llamó a trascender la discusión del rojo-amarillo-verde para enfocarnos en un desarrollo territorial superador. “La gestión integral de paisaje y evaluación ambiental estratégica es la salida. Es clave el fortalecimiento institucional y trascender más allá de cada sector”, cerró.
A su turno, Jorge Adámoli, ingeniero agrónomo e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, planteó un tema polémico: el rechazo que manifiesta el sector agropecuario para acatar ciertas normas restrictivas en pos de la convivencia. Para graficar esta afirmación, mencionó que en el ámbito urbano las restricciones en el tránsito o en la construcción para determinadas alturas en edificaciones son acatadas y permiten un equilibrio, y que las limitaciones que el Estado busca implementar en el ámbito rural encuentran resistencia. “Cuando se detectan transgresiones a las normativas vigentes (como el trabajo infantil, la evasión de tributarios, desmontes, o pulverizaciones) en general no suele haber un rechazo explícito del sector a estas transgresiones sino un pedido a que el Estado no ponga obstáculos”, sentenció.
Luego se refirió al ordenamiento territorial, al que definió como la herramienta básica de la sustentabilidad y que requiere apoyarse en las patas económica, ambiental y social. “Esto debe ser equivalente, pero no lo es, porque la pata económica (la productiva) llevan ventaja. Hay que ir al equilibrio”, dijo. A modo de ejemplo planteó las distintas perspectivas que aparecen ante un mismo panorama: al ver una zona boscosa, un agricultor dirá que quiere desmontar para sembrar; un ganadero dirá que lo hará para que pasten sus vacas, y los conservacionistas se opondrán a que se destruya ese ámbito, y los aborígenes plantearán que ese lugar es para vivir. “Todos tienen sus razones. Por lo tanto, una herramienta de ordenamiento territorial es buscar consensos en esta especie de manta corta con la que todos tienen que quedar medianamente cubiertos. Y el ordenamiento es una herramienta del Estado”, afirmó.
Tras eso, subrayó la necesidad de acudir a la mejor información científica disponible y contar con acciones que contemplen la participación popular, el consenso. “Aunque esto parezca engorroso es la base de un ejercicio democrático, y eso le da legitimidad social”, sostuvo. Por último, Adámoli ponderó las buenas prácticas agrícolas, cuestionó las pulverizaciones indiscriminadas en los campos y compartió los resultados de una experiencia suya en Formosa, donde se consiguieron conciliar objetivos de ordenamiento territorial para todas las actividades y ambientes logrando triplicar la superficie con cultivos forrajeros manteniendo los bosques en pie y con mejores condiciones sociales y calidad ambiental.