Las obras se hacen ¿no? Esa es la pregunta que sobrevuela luego de que las turbulencias económicas generaran un tembladeral en las cuentas de las empresas que fueron adjudicadas para realizar obras a través del esquema de Participación Público-Privada. Desde hoy, hay diez días para que las compañías firmen los contratos y se hagan cargo de los corredores.
Las que ganaron las licitaciones por medio de este formato, deben asumir la financiación de los trabajos al precio con el que concursó más las actualizaciones previstas. De no cumplir, el Estado tiene la facultad de aplicar penalidades, entre las que se prevé la ejecución del fondo de garantía. La cuestión, es que los precios que fueron licitados en su momento no son los mismos que ahora, y las empresas deben afinar los números y respetar los plazos.
Una de las empresas que baraja dudas es la ganadora de los corredores E y F en la provincia de Santa Fe, la UTE conformada por Helport, Panedile, la española Copasa y Eleprint; las cuales deben desembolsar en los primeros cuatros años U$s 1342 millones y U$s 1114 millones para cada corredor. En este caso, no sólo hay un tema de costos distorsionados, sino también intereses cruzados. Según consigna el diario La Nación, el financiamiento de estas obras estaba atado a bancos alemanes interesados en meter en el combo el dinero para la construcción de la represa Chihuidos (en Neuquén), que ahora se ha frenado.
Según una fuente rosarina cercana al tema, el consorcio capitaneado por Eduardo Eurnekian realizó el depósito de garantía, pero podría pedir una prórroga para hacerse cargo de los corredores hasta tanto consiga el financiamiento. Aunque no está claro que el Ministerio de Transporte lo vaya a permitir.
De no firmar el contrato, la empresa deberá resignar el depósito de garantía, que asciende a U$s 15 millones. “Yo creo que lo van a negociar, el gobierno tiene muchas fichas puestas en este esquema”, especificó la fuente.
REDACCIÓN ON24
