El economista Javier Milei analiza tres caminos posibles por los que debería optar Argentina a partir de la decisión de la corte americana:
“Este lunes, la Corte Suprema de los EEUU, en un ejemplo de institucionalidad frente a las presiones del poder político, decidió no dar lugar al pedido argentino, con lo cual el caso referido a los holdouts volvió a los Tribunales de Nueva York. A su vez, acatar el fallo del Juez Griesa implica un pago en efectivo de USD 1.500M, que de extrapolarse al resto de los holdouts podría alcanzar una suma de USD 15.000M. En este sentido, con un nivel de reservas en torno a los USD 29.000M, hacer frente a dicho pago resulta complicado, en especial dada la coyuntura por la que transita el país.
Frente a esta situación, existen por lo menos tres caminos: (i) buscar un acuerdo extrajudicial con los holdouts, lo cual cuenta con el aval de Griesa; (ii) no acatar el fallo y buscar hacer el pago mediante el cambio de jurisdicción; y (iii) defaultear tanto a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 como a los holdouts.
Si bien la Presidente Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado su intención de dar cumplimiento con los bonistas que han ingresado a los canjes de 2005 y 2010, la forma en que se aborden las otras dos soluciones no es trivial. Al mismo tiempo, el Ministro de Economía dijo que se buscaría el cambio de jurisdicción, buscando en simultánea un acercamiento con los Fondos litigantes.
Respecto al cambio de jurisdicción existen tres inconvenientes: (i) para lograr un cambio de dicho tipo debe existir una adhesión mayor al 85%, lo cual debería ser implementado en poco más de 10 días, (ii) existen razones constitutivas de muchos fondos de inversión que no permiten invertir en títulos que no estén bajo la norma de NY y (iii) un canje con cambio de legislación (hacia una peor) implica un canje desventajoso para los tenedores de bonos, lo cual podría implicar una caída de calificación que nos coloque en el grado de “Default Selectivo”. Al mismo tiempo, hacer eso implicaría desacatar el fallo de un tribunal, lo cual más tarde o más temprano terminará generando un costo al país. A su vez, si la operación fallara, podríamos terminar cayendo nuevamente en default.
Sin lugar a dudas, un nuevo default sería una muy mala noticia, ya que ello implicaría una fuerte suba del riesgo país, suba de las tasas de interés, presión sobre las reservas y el tipo de cambio, lo cual terminará impactando sobre el nivel de actividad económica, el empleo y los salarios reales. Sin embargo, uno no puede descartar una situación donde frente a la imposibilidad de abrir una ventana de mercado de por lo menos de USD 19.000M y las turbulencias que implicaría el camino hasta octubre 2015, exista en la cabeza de algún trasnochado la idea de la victimización donde “no pagamos porque no nos dejan”. De esta manera, al liberarse la presión de los pagos de la deuda sobre las reservas y que con una ligera corrección fiscal-monetaria, se podría usar el excedente de las mismas sobre las necesidades comerciales para jugarse una ficha para estimular el nivel de actividad durante un semestre (sin importar el daño enorme de cara al futuro).
Naturalmente, la solución óptima es acatar el fallo y buscar la forma de pagar dejando en claro que el pago obedece a la imposición judicial. De este modo, en primer lugar no aplicaría la cláusula RUFO, por lo que no se extendería la situación a los bonistas que ingresaron a los canjes previos. Por otra parte, los holdouts han manifestado su voluntad de recibir bonos como pago, donde se debe dejar en claro que ante una cotización debajo de la par, los fondos deberán recibir una cantidad facial de bonos un 33% mayor a lo fallado (caso donde los títulos cotizan al 75% de paridad). Por lo tanto, de darse la solución mencionada, ello implicaría tres resultados muy importantes con la mirada en el largo plazo: (i) terminaríamos de una vez por todas con el default del 2001, (ii) daríamos una cabal muestra de madurez institucional y (iii) abriríamos las puertas de una oleada de inversiones (por ej., en infraestructura serían de cerca de USD 300.000M) que potenciarían el crecimiento del producto, el empleo y los salarios reales.
Esperemos que por el bienestar de los argentinos de hoy y de los del mañana, la Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner y su Ministro de Economía Axel Kicillof, no sólo los acompañe la suerte, sino que además tengan la claridad para ver la solución que haga máximo el bienestar de todo el pueblo argentino”
Redacción ON24
