Por ANTONIO I. MARGARITI / MAYO 2018
Provoca desilusión y profunda tristeza comprobar que un gobierno comprometido con el Cambio de cultura deba solicitar la redención de su bancarrota al F.M.I. pidiéndole dólares y que le indique cuáles son los cambios que debe hacer si pretende que Argentina vuelva a levantarse y no se precipite en otro escandaloso fracaso, reiterado cada 5 años desde 1946 a hoy.
Así como ciertos políticos exigen a los agricultores que liquiden existencias y se pongan el país al hombro para proveer dólares al Estado, los ciudadanos que los hemos votado debiéramos lanzar un ensordecedor clamor popular exigiéndoles que reduzcan el despilfarro de nuestro dinero y se hagan responsables de este desastre histórico. Todos, incluyendo oficialismo y el abanico de opositores.
Que nadie nunca más apruebe irresponsablemente leyes que generen déficits por los cuales se permite al Gobierno gastar más dinero del que recauda con impuestos, o que se le autorice endeudarse a costa ajena, o que decidan la impresión de billetes bastardos por el Banco Central, recomprando esa falsificación con las estratosféricas tasas de interés de las Lebac y Letes del Tesoro.
Los autores de este desastre, precedentes y actuales, no saben pedir perdón por su ignorancia ni arrepentirse para reparar las consecuencias de sus errores. Todo recae sobre el conjunto de la población, que incluye niños inocentes, leales trabajadores, honestos empresarios y venerables ancianos. Pero también abarca a personajes que viven del presupuesto del Estado y holgazanes que cobran sin trabajar o se jubilan sin aportar.
Ha que ser sinceros y decir la verdad. Más que el gradualismo, lo que ha fracasado ampliamente es el keynesianismo de los gobiernos que hemos tenido en los 35 años de democracia. La anterior gestión matrimonial basó su keynesianismo-aborigen en el despilfarro a lo loco, corrupción para sus bolsillos, subsidios universales, venta de divisas a término a precios ridículos y financiamiento bastardo con emisión de falso dinero. El actual gobierno asentó su keynesianismo-foráneo en la continuidad e incremento de los subsidios sociales añadiendo excesiva obra pública con financiación externa en dólares prestados.
Los señores diputados, senadores nacionales y provinciales y los concejales municipales para evitar las crisis recurrentes que se repiten desde hace 70 años y que nos condenan a una atroz decadencia, debieran reconocer que su tarea esencial en representación del pueblo de la Nación consiste en poner límites institucionales a su propia tendencia de aprobar gastos sin contar con financiamiento genuino o a gastar en exceso pensando que ello les proporcionará más votos en la próxima elección.
Frente a esta nueva irrupción del F.M.I. para prestarnos dólares y monitorear nuestra incorregible conducta, los legisladores que todavía conserven un resto de dignidad y jirones del espíritu patriótico debieran dar dos pasos para una reforma fiscal genuinamente efectiva.
El primer paso, es el reconocimiento explícito de que precisan una norma de orden público superior a las ideas de sus propios partidos, estableciendo un límite fijo, cuantitativo, indeformablemente legal e inviolable en época de paz, para aprobar cualquier erogación de dinero de los contribuyentes, tanto sea en gastos como en transferencias o inversiones en obras públicas. En nuestra democracia, el monto de los presupuestos no puede dejarse nunca más librado a la picardía de las mayorías o arreglos con minorías legislativas. Como un asunto sagrado, nuestros políticos necesitan una regla superior a ellos mismos, que les permita frenar los impulsos por gastar dinero ajeno y rechazar los reclamos de su clientela o de la burocracia estatal.
El segundo paso, consiste en que la regla eficaz tiene que ofrecer objetivos claros acerca de su mantenimiento y de su violación. Tanto ellos, políticos, como nosotros, ciudadanos de a pie, tenemos que ser capaces de discernir claramente cuándo se vulnera la regla y en este caso, se deben hacer personal y solidariamente responsables con su patrimonio particular como si fuesen perjuros que han jurado en vano al asumir el cargo para el que fueron elegidos.
Esas reglas superiores y eficaces debieran legislarse de este modo:
1° El presidente de la Nación y los gobernadores de provincia tendrán que presentar presupuestos de gastos, inversiones y servicios de la deuda, por montos exactamente iguales a la recaudación esperada en impuestos, tasas, contribuciones, aportes, tributos, derechos o ingresos públicos similares.
2° En ningún caso, el total de los presupuestos podrá superar el 25 % del PBI del año precedente expresado en moneda corriente, sin ajustes ni indexaciones de ninguna naturaleza.
3° Los intendentes de comunas y municipios sólo podrán cobrar tasas por prestación de servicios de: inspecciones bromatológicas; recolección de residuos domiciliarios; alumbrado público; pavimentación de aceras y calles; barrido y limpieza urbana; aguas servidas y desagües cloacales; redes de agua potable; asistencia en emergencias sanitarias y primeros auxilios; servicios de bomberos contra incendios; seguridad policial; conservación y embellecimiento del espacio público; mantenimiento de plazas, parques o jardines.
4° El total del personal en planta permanente o transitorios, contratados, asesores y pasantes en las esferas nacional, provincial y municipal no podrá ser superior a 10 personas por cada 1.000 habitantes en cada jurisdicción según el último censo de población oficialmente registrado. Sólo quedarán exceptuados los cargos de policías, militares, educadores y personal de salud pública, siempre que se trate de funciones activas y de ejecución directa.
5° Los legisladores oficialistas y opositores, tanto en el estudio como en la aprobación del presupuesto deberán respetar idéntica regla. Por cualquier exceso de esta norma serán personal y solidariamente responsables con su patrimonio particular y el de su familia, asimilándose su conducta a un acto de corrupción, punible con penas mayores.
6° En caso de que las proyecciones de gastos, transferencias o inversiones fuesen erróneas y se produzcan déficit de ejecución no previstos, los mismos serán ajustados automáticamente a la baja para restablecer el equilibrio en un plazo perentorio de tres meses de registrarse la diferencia. Serán responsables todas las autoridades y funcionarios que tengan facultades para asumir compromisos monetarios y decidir gastos con fondos públicos.
7° Si se produjese superávit presupuestario, los fondos obtenidos se utilizarán sólo para rescatar a precio de mercado la deuda pública nacional o provincial, interna o externa.
8° Estas disposiciones entrarán en vigencia durante el ejercicio fiscal de 2018. Para conseguir una transición ordenada hasta su plena vigencia, los déficits presupuestarios anuales se irán reduciendo en un mínimo de 20 % anual en cada uno de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Cualquier desvío de esta regla tendrá el mismo tratamiento penal que una desviación respecto del equilibrio presupuestario.
9° Estas disposiciones administrativas y penales únicamente podrán suspenderse en caso de declaración de guerra, graves cataclismos naturales y catástrofes imprevisibles, cuya emergencia deberá ser declarada por 2/3 partes del total de ambas Cámaras nacionales y aprobadas por el presidente de la Nación. La declaración de emergencia expirará automáticamente al transcurrir un año y no podrá ser reiterada por el mismo motivo.
Si no hacen nada de lo que peticionamos, el destino será inexorable con nosotros y seremos merecedores de la frase que la sultana Aixa, madre del último rey islámico de Granada dijo a su hijo Boabdil: No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre, cuando éste salió de la Alhambra para entregar sus llaves a Isabel y Fernando, los Reyes de España, el 2 de enero de 1492.
