“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”. Con esa inesperada cita, Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, descomprimió la reunión. Era cerca del mediodía en la Legislatura y comenzaba a cerrarse el primer bloque de la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación (Cofecyt), que tuvo lugar en el edificio de Muñecas al 900 en la ciudad de Tucumán.
La cita del ministro, Presidente de ese cuerpo consultivo federal, llegó a colación de un reclamo sostenido por parte de las autoridades de planificación científica de las provincias, con representación en el Consejo. Más que un reclamo, se trató de una suerte de autocrítica, de una señal de alarma y de un llamado al trabajo conjunto. “Tenemos que librar una batalla contra los fundamentalismos”, fue una de las frases que se escuchó en reiteradas ocasiones.
Según manifestaron varios de los miembros presentes, esos “fundamentalismos” están encarnados principalmente por agrupaciones ambientalistas que en reiteradas ocasiones ponen trabas a sectores productivos, principalmente la minería y la agricultura (sobre todo por la resistencia al uso de agroquímicos), con lo que favorecerían un atraso social y económico en comunidades puntuales.
Riesgos y beneficios
La autocrítica fue por el lado de que aquellas ONG tengan un poder de fuego comunicacional mucho más fuerte que los propios organismos oficiales, y que sus enunciados llegan a más gente e incluso a más juzgados que las investigaciones con sustento científico. Así, una de las batallas más candentes del momento científico y productivo en nuestro país se libra contra esos supuestos fundamentalismos.
“Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos -prosiguió Barañao-. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica. Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero. Pero también hay que ser realistas: sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios”.
Muchos de los representantes provinciales sostuvieron que en sus territorios se pierden oportunidades de inversión, principalmente en torno a la minería, porque la falta de licencia social no permite ni siquiera que se discuta esa actividad productiva. Por eso, el llamado es a lograr una “minería inteligente”: que tenga el menos impacto ambiental posible, que genere la mayor cantidad de beneficios para las comunidades, que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y, al parecer, uno de los requisitos de una minería inteligente sería también convencer a la sociedad de todas las mejoras que sería capaz de acarrear.
“Las comunidades perciben que el riesgo lo corremos todos, pero que el beneficio es para unos pocos. Pasa con la minería y con la soja también. Tenemos que ser capaces de explicar todo lo que se hace en el país con las divisas que ingresan por la soja, de modo que se comprenda el beneficio colectivo”, resumió Barañao.
Además del debate en torno a la “batalla” contra el fundamentalismo sin sustento científico, el cuerpo que sesionó en Tucumán enumeró los programas que fomentó en los últimos años, ponderó la mirada federal de la ciencia e insistió en la importancia de seguir fortaleciendo el Cofecyt.
