Nadie se anima a hablar en voz alta acerca de la controvertida Resolución 29 (Régimen informativo de precios para empresas productoras y distribuidoras) que exige a las firmas más grandes del país, la entrega de datos de producción al Ministerio de Economía, bajo amenaza de clausura, multa y hasta decomiso de mercadería.
Entre los datos claves se encuentran cantidad de artículos elaborados, vendidos y precio de comercialización de cada uno de ellos.
La mayoría especula que el plazo volverá a prorrogarse por un masivo incumplimiento. Los sondeos en territorio santafecino indican que la deserción no ha sido tan grande como sostenían medios especializados, aludiendo a un 70% de infractores.
Algunos aseguran que no pocos son los empresarios que acuden con habitualidad a colaborar con la tablita “Excel Kicillof”.
“Los que menos inconvenientes tienen en mostrar los números son las empresas que no consiguen rentabilidad. Imaginate entonces cuáles son las que van” comenta un dirigente acostumbrado a escuchar el doble discurso “K anti K” de algunos hombres de negocios.
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