9 de abril de 2018 – El sector agropecuario enfrenta una de sus crisis estructurales más serias de las últimas décadas. Una sequía desoladora que abarca todo el corazón agrícola ganadero más productivo de la Argentina y del mundo. Sobreviene después de una inundación, también devastadora que lo golpeó duramente los 2 años anteriores.
El sector es el motor de la economía y mayor generador de riqueza y el daño impacta en el PBI en más de un 1%, más de un 20% de la cosecha de soja y maíz, y un daño a determinar en carne y leche y otros cultivos, ya que al momento no se han registrado lluvias de importancia, no se han podido hacer reservas forrajeras, y menos forrajes de invierno.
El daño que se presenta a la economía es grande, pero cuando se lo toma en lo que le produce al productor es devastador. Cada productor es un universo y éste está herido casi sin salida ni climática ni económica. El impacto negativo pone al productor en una situación muy difícil de afrontar y que le llevará varios años para salir, si es que no queda en el camino.
La República Argentina no cuenta con mecanismos institucionales de ayuda para estas ocasiones. La ley de emergencia agropecuaria no alcanza, está diseñada para otras circunstancias y cuenta con un efímero fondeo que no alcanzó nunca, menos ahora no solo por la envergadura del problema si no porque han pasado casi 10 años desde su última actualización.
Ahora bien, el sector agropecuario aportó desde 2002 hasta 2017, 86.400 millones de dólares, el resto de la economía 33.030.
Solo el complejo sojero aportó 64.000 millones de dólares, en ese periodo, un 17% más que las reservas existentes en el Banco Central al cierre de 2017, y tributará a pesar de todo 7.100 millones de dólares en 2018 y 2019.
El costo que deberá absorber el sector sólo en maíz y soja para lograr un punto de equilibrio será de 1.700 millones de dólares, esto sin incluir arrendamientos ni carne ni leche ni otros cultivos.
Por otro lado la ley de emergencia cuenta con 500 millones de PESOS. La nada misma frente a la pérdida. Y a pesar de haber tenido durante 2 años 20 provincias en emergencia, no se ha debatido debidamente un mecanismo institucional de contención y ayuda. Recién ahora, por presión de CRA, se instala el debate y en una primera aproximación, parece no haber voluntad del estado en aportar fondos para mitigar éste riesgo.
Se debe entender que no habrá supermercado del mundo sin una contención de riesgo climático efectiva, frente al proceso de cambio climático que enfrenta el planeta. Otros países competidores nuestros, como España, EE.UU. y Brasil, lo han solucionado.
Todas las propuestas de seguros agrícolas, mitigación de riesgos, compensaciones por pérdidas, tienen un altísimo costo que necesitan la presencia y aporte del estado, sea por el mecanismo que sea. O por aportes directos para el subsidio de primas, o por eliminación de impuestos a las primas (hoy más del 30% del costo de la misma), o por desgravaciones impositivas.
CRA junto a las otras entidades, está trabajando en distintas opciones, pero es como un vuelo a ciegas, no tenemos definición y por ende entendemos que la decisión del estado de hacer algún aporte o está en duda o ya se ha tomado. No se han hecho anuncios ni se han dado las señales correctas.
El sector no sólo está herido si no que se siente discriminado. Sólo el año pasado se le derivaron a SanCor una empresa privada 500 millones de pesos para su rescate. Mismo monto que para toda la emergencia climática de 20 provincias, hecho denunciado por CRA. No hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y a país de estos eventos.
El sector nunca le sacó el hombro al país, es el sector más dinámico y competitivo de la república, el único que ha generado inversión genuina en éste nuevo proceso. Hoy necesita la definición concreta del estado nacional para solucionar un problema estructural que lo condena.
Todo es decisión política. CRA lo plantea, lo expone y junto con otras entidades trabaja. El estado decide el camino, no podemos andar a ciegas.
Fuente: CRA
