La disputa de Argentina con sus acreedores dio un nuevo giro luego de que se revelara que un fondo de cobertura que busca el pago de deuda incumplida quiere confiscar activos presuntamente de propiedad de un allegado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su fallecido esposo.
La acción es el intento más reciente de NML Capital Ltd., fundada por el multimillonario estadounidense Paul Singer, en su caza de activos argentinos alrededor del mundo como parte de su batalla derivada de la cesación de pagos del gobierno sobre casi US$100.000 millones en deuda en 2001. NML trató en 2007 que los tribunales decomisaran el avión presidencial Tango 01, en 2012 que embargaran una fragata argentina en Ghana y recientemente presentó una demanda en California para impedir que Argentina lanzara un par de satélites al espacio.
La acción legal más reciente fue presentada el miércoles en la Corte de Distrito en Nevada, Estados Unidos. El fondo le pidió al tribunal que ordenara a 123 empresas de dicho estado, presuntamente afiliadas con el magnate de la construcción argentina Lázaro Báez, que suministren información sobre activos de Argentina en EE.UU.
Los esfuerzos de NML se suman a un escándalo de corrupción que involucra a Báez y que ha sido una vergüenza para el gobierno de Fernández de Kirchner, a quien le quedan dos años en la presidencia.
NML dice que los activos que presuntamente son propiedad de Báez, quien enfrenta una investigación por lavado de dinero en un tribunal argentino, podrían ser decomisados para saldar un pago de US$1.700 millones otorgado por una corte de Nueva York a favor de NML sobre los bonos soberanos argentinos.
“Compartimos un interés común con el pueblo argentino en identificar y recuperar fondos estatales robados”, dice NML.
El año pasado, fiscales argentinos iniciaron una investigación después de que el popular programa de televisión Periodismo para todos difundió declaraciones grabadas de presuntos socios de Báez en las que describieron un plan para sacar gran cantidad de dinero de Argentina y lavar alrededor de US$65.000 millones a través de una red de empresas dudosas en paraísos fiscales del mundo.
NML dice que “tiene razones para creer que la asociación ilícita entre Báez y el gobierno argentino puede haberle permitido al constructor ocultar decenas de millones de dólares en activos ahora ocultos alrededor del mundo”.
Báez, a quien aún no ha sido imputado de delito alguno, ha negado las acusaciones y dice que las demandas forman parte de una campaña para desacreditar al gobierno y obstaculizar las operaciones de Austral Construcciones S.A., su empresa bandera y gran receptora de cientos de millones de dólares en contratos públicos en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, lugar de origen de los Kirchner.
Un vocero de Báez dijo que este no ha tenido ni tiene activos en Nevada ni en otro lugar que no sea su país. La acción legal es “oportunista, poco seria desde su concepción y con un fin mediático; fogoneada por distintos intereses políticos desde nuestro país”, añadió.
“Esta acción legal pareciera ser una herramienta de presión política en contra de Cristina Kirchner, en vista de que sus fun-damentos legales no son claros. Sería complicado probar que los activos de Báez pertenezcan al Estado argentino”, dice Gabriel Negretto, politólogo adscrito al Centro de Investigación y Docencia Económica de México.
Báez, un ex cajero de banco, seguidor del partido de gobierno Peronista y amigo del fallecido Néstor Kirchner, erigió un imperio empresarial a medida que el ex presidente consolidó su poder político luego de ser elegido en 2003. Austral Construcciones es el empleador del sector privado más grande en Santa Cruz con un personal de 3.000 empleados y unos US$1.200 millones en proyectos de construcción. Báez tendría que ser condenado antes de que NML pueda intentar embargar activos.
Alfredo Scoccimarro, vocero de la Presidencia, no respondió a solicitudes de comentarios.
Fuente: La Nación/Wall Street Journal
