La vicuña (Vicugna vicugna), pariente de la llama y del guanaco, habita el noroeste de la Argentina y desde hace años su lana es la más cara del mundo: casi U$S500 por kilo. Tras siglos de ser cazadas por su fina y valiosa lana, la especie pasó de 3 millones a 10.000 individuos y quedó al borde de la extinción. Por ello, en la década del ‘60 se generaron convenios para regular su explotación y comercialización. Con el éxito de los tratados y el consecuente crecimiento de la población de vicuñas, los pueblos originarios le reclamaron a instituciones estatales capacitación para recuperar y actualizar el chak’u, una práctica de encierro y esquila en silvestría que realizaban sus antepasados, y para continuar avanzando en sus derechos como nativos.
La principal población de vicuñas se encuentra en la Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Durante la década del ’60, la caza furtiva la puso en peligro de extinción. Por eso, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) prohibió tanto su comercialización como también cualquier otra práctica que afectara su dinámica poblacional.
Gracias a esta medida aumentó notablemente la cantidad de vicuñas en el continente y en el país, por lo que, en 1997, las provincias de Jujuy y Catamarca cambiaron sus estatus dentro del tratado para empezar a aprovechar la especie bajo ciertas prácticas y protocolos. “Para el principio del 2000, los pueblos locales de Jujuy consideraron que podían incorporar la vicuña a sus estrategias de desarrollo agropecuario, y que para ello se necesitaría un equipo que los capacitara en el manejo”, afirmó Carlos Cowan Ros, docente de la Maestría en Desarrollo Rural de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
En este sentido, Cowan Ros, quien también es Investigador Adjunto del Conicet, destacó el rol de los pueblos como sujetos activos en lucha y reclamo para llevar a la práctica sus derechos, tanto en la exigencia de asistencia estatal para su desarrollo autónomo como en las continuas luchas por sus tierras ancestrales. “Ante un marco normativo incompleto para el aprovechamiento de las vicuñas silvestres, ellos formularon propuestas de políticas públicas que integran diferentes saberes”.
“Actualmente, varios miembros de las comunidades indígenas del departamento de Yavi, Jujuy, trabajan junto al INTA, a la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) y a la Dirección de Biodiversidad de esa provincia en la recuperación y el perfeccionamiento de la técnica de encierre y esquila en silvestría llamada chak’u. Este aprovechamiento incluye protocolos para la conservación de la especie y una capacitación constante que contribuye al desarrollo de las comunidades”, le contó Cowan Ros al sitio de divulgación científica Sobre La Tierra.
El Chak’u
Además, Cowan Ros detalló: “Algunos días antes de la captura, los miembros de la comunidad montaron un embudo de entre 500 metros y un kilómetro de largo, hecho con redes de media sombra. A la mañana, cuando las vicuñas se dirigieron a las vaguadas, nos organizamos en varios grupos para abarcar una superficie muy extensa a lo largo del territorio externo al embudo. Tras una serie de señales, avanzamos en silencio para orientar a la manada hacia el embudo, que termina en el corral donde se lleva a cabo la esquila”.
El docente explicó que la esquila se realiza de forma rápida, con cautela y controles poblacionales centrados en la conservación de la especie. “Sólo se esquilan vicuñas adultas que poseen una determinada cantidad de lana y que no están en un período avanzado de gestación. Existe un vínculo muy estrecho con los animales, a los que se los cuida mucho durante todo el año”.
Demandas y creación de política territorial
Ante la baja diversidad de alternativas productivas, los pobladores le plantearon al gobierno provincial y a la SAF la necesidad de generar una política activa para aprovechar sustentablemente la vicuña. “Gracias a la buena recepción surgió una política de Estado, con múltiples instituciones que se reunieron en la mesa vicuñera del departamento de Yavi. Esto significó un avance notable en materia de derechos de los pueblos originarios, que les habían sido otorgados en la reforma constitucional de 1994”, puntualizó Carlos.
El investigador resaltó que diferentes agentes del gobierno provincial de Jujuy, del nacional y de las comunidades participaron de la capacitación: “La SAF aportó a la organización y planificación del chak’u; la Dirección de Biodiversidad, al monitoreo de las vicuñas, lo cual es fundamental para ajustar el chak’u a su recuperación; el INTA, por su parte, se ocupó de la esquila, desde la forma de amarrar a los animales hasta la liberación”.
Actualidad y diferencias
Carlos Cowan Ros se refirió a los pueblos originarios como sujetos de derecho: “Este es un caso exitoso sobre el crecimiento de los derechos de las comunidades debido a una demanda específica, aunque hay muchos otros casos en los que tuvieron que acudir a la vía judicial y a la protesta social para conseguir políticas activas. Es importante entender que el Estado es un espacio en el que diferentes actores de la sociedad se encuentran y se enfrentan con diferentes resultados”.
“Pero claro, el resultado depende de las herramientas que cada sector posee para elevar sus reclamos. Por un lado, hoy existe una resistencia de los estados provinciales para entregar los títulos de propiedad de la tierra; por otro, también se dan concesiones al margen de la discusión de la sociedad, como la reducción de las retenciones a las empresas mineras. Son dos facetas de la utilización del territorio y de los recursos naturales”, finalizó el investigador. (FAUBA)
