La Superintendencia de Riesgo de Trabajo creó el Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad (SIREL). A través del mismo, las ART, los empleadores autoasegurados y las ART Mutual deberán informar en detalle, y en un plazo de 30 días, cada proceso judicial en el que actúen como parte demandada y se alegue inconstitucionalidad de la nueva Ley de ART, que impone como paso previo y obligatoria al juicio una instancia administrativa de junta médica.
Según informó El Cronista en su edición de ayer, se ordena a las empresas a completar la información en el sitio Web https://sirel.srt.gob.ar: el tipo de presentación, el departamento judicial, la fecha y el número del expediente, la carátula de la demanda, el CUIL y nombre de la parte demandante (el trabajador), el CUIT y nombre del patrocinante (abogados defensores), el monto reclamado, si pide una cautelar y datos de la parte demandada.
Algunos abogados laboralistas consultados por ON24 pusieron ya el grito en el cielo tras conocerse esta medida. Afirmaron que se trata de “una lista negra” y denunciaron que se trata de “una persecución”. “Es una clara embestida”, adujeron. Incluso, ante El Cronista también se mostró crítico el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y la secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), María Paula Lozano, aseguró que la normativa es “absolutamente inconstitucional”.
En tanto, el abogado y experto en asesoramiento legal para empresas, Damián Ferrero Wenger, defendió la medida y sostuvo que “es un sinceramiento del sistema, porque permitirá conocer en tiempo oportuno los planteos de inconstitucionalidad que está recibiendo esa norma”. Advirtió que si esto no ocurre, “después nos encontramos con una avalancha judicial que termina naturalizando la inconstitucionalidad”.
“Esta resolución viene a darle un orden al sistema para saber, después de cada siniestro, cuántas demandas judiciales hay y por qué. Aspira a contar con información y tratar de administrar la marea de juicios laborales. No considero que esto sea inconstitucional”, afirmó.
Por su parte, Garret Edwards, jefe de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad, opinó en la misma sintonía que Wenger y apuntó: “Creo que es una medida que aporta para tener mayor información certera sobre cuáles son los problemas en la litigiosidad”. Y ejemplificó: “El Indec mal manejado no servía; y bien manejado, te podrán o no gustar los números, pero por lo menos tenés los datos confiables. Con estos datos, después se podrá analizar qué patrones en común existen o se podrá encontrar casos inventados, que los hay”.
REDACCIÓN ON24
