Esta semana tuvo lugar un nuevo paso en el tortuoso – para ser suaves- proceso de cambio de administración de la autopista Rosario- Santa Fe.
La historia tiene su puntapié inicial en agosto del año pasado, cuando el gobernador Miguel Lifschitz decidió rescindir el contrato con ARSSA, la concesionaria de la autopista desde 2011, por no haber cumplido con la repavimentación de todo el trayecto.
Luego de la bajada de pulgar del gobierno provincial, ARSSA fundamentó que el motivo por el que no se realizaron las obras, fue que los números nunca le cerraron, y aceptó cerrar el vínculo con un contrato precario hasta comienzos de este mes, cuando fue relevada por un fideicomiso entre el Banco Municipal de Rosario y la Provincia.
Lo cierto es que este fideicomiso se hará cargo de la repavimentación (estiman un costo de mil millones de pesos), sin tocar el precio de los peajes, los mismos que a ARSSA no le permitían que los “números cierren”. ¿Por qué a un privado las cuentas no le dan y al Estado si?
Ahora el Estado provincial deberá hacerse cargo de las obras de una autopista en peores condiciones que hace cinco años atrás y con tarifas atrasadas. Las financiará con fondos propios (impuestos, obvio), y dado que no tocará el peaje, subsidiará a los usuarios a costa de pérdidas millonarias cargadas en los hombros de los contribuyentes. Pequeñas peripecias del Estado “Acá, presente”, como reza el slogan de campaña.
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