Es muy difícil para un país cambiar las políticas, cuando la gran mayoría de su dirigencia está aferrada a ideas y formas anticuadas del siglo XX y pretenden ser líderes en el siglo XXI, donde la educación, la innovación y las nuevas tecnologías son fundamentales para poder hacer los grandes cambios que demandan los tiempos modernos en un mundo globalizado.
Se trata de generar más y nuevos puestos de trabajo para aumentar la producciones en cantidad y calidad a fin de exportar al mundo.
Van a cambiar las formas de trabajar y cómo defender gremialmente a los trabajadores será uno de los mayores desafíos de este siglo.
Un dato importantes es asumir que todavía no se conocen los trabajos que van a realizar el 50% de los estudiantes que inician hoy sus estudios.
Por lo tanto no se puede permitir que la mayoría de políticos y sindicalistas quieren seguir con una educación mediocre sin mediciones y sindicalizada.
Hoy 8 millones de trabajadores en blanco tienen que mantener 20 millones de argentinos que cobran todos los fines de mes un cheque del estado, situación que hace intolerable la presión fiscal actual.
El sector privado no puede soportar más esta situación compitiendo con un 40% de la economía que trabaja negro y compite deslealmente.
En el actual contexto no hay ninguna posibilidad de que el empresario – especialmente las Pymes- puedan mejorar su competitividad si no se elimina la competencia desleal, baja la presión fiscal y los costos logísticos, combustibles y fletes sean similares a los valores internacionales.
El primer año de gestión del presidente Mauricio Macri cumplió con muchas sus propuestas que hace a modernizar el país e integrarnos al mundo.
Muchas otras todavía no las pudo cumplir. Varias de dichas propuestas fueron acompañadas por diferentes protagonistas al no tener mayoría parlamentarias.
Todo se va a complicar si no hay un gran cambio en todas las dirigencias y el Gobierno no convoca a un gran acuerdo nacional sobre seis u ocho políticas de Estado que son urgentes definir para darle previsibilidad a la inversión para poner al país en condiciones de competir con el mundo.
La lucha formal contra la inflación bimonetizando la economía, una reforma impositiva moderna, cambios en las relaciones laborales, el diseño de una logística moderna y competitiva acorde al crecimiento de la demanda, un compromiso integral y formal por la educación pública y un desarrollo planificado a largo plazo respaldado por la innovación y las nuevas tecnologías para producir y transformar para el mundo, serían algunas de las
políticas a consensuar como políticas de estado al largo plazo que superen los cambios de gobiernos.
El sector agropecuario y agroindustrial y sus dirigentes están incluidos en el mismo diagnóstico realizado más arriba. El agro es un sector mas de nuestro país por lo tanto debe ser tratado en iguales condiciones que los otros sectores.
Se terminó -en partes con las eliminaciones de algunas de las retenciones- con la discriminación de tener un dólar para comprar y otro para vender, que puso en marcha la economía de todo el interior en forma urgente con solamente los anuncios.
Hoy ya se están viendo algunos resultados. Por eso se dice que es el único sector que ha podido crecer este primer año, a pesar de la falta de competitividad en algunas producciones y en determinadas zonas del país.
Por eso digo siempre que no “es oro todo lo que brilla” porque hay muchos sectores y regiones que los números no le cierran y se va complicar el panorama al momento de la comercialización, si se deprecia el dólar como estrategia anti inflacionaria, para colocar competitivamente nuestros productos en el exterior.
A pesar de lo realizado en 2016, la agenda parlamentaria del agroindustria para el 2017 es muy concreta, completa y compleja si queremos que el agroindustrial dé el salto productivo para ser el motor del crecimiento y desarrollo del país. Hoy sólo pudimos salir de una parálisis de 10 años.
No podemos conformarnos con 120 millones de toneladas de producción de granos. El país debería estar en 150 millones si no se le hubiera confiscado sus recursos por medio de las retenciones. Consolidar la legislación para incentivar las Buena Prácticas Agrícolas, una nueva ley de semilla, incentivos para un mayor uso de fertilizantes, legislar a nivel nacional en el uso de agroquímicos, se necesitan.
También, una política de Estado para cubrir los riesgos climáticos previsibles y catastróficos, una política lechera, política de carnes con un solo estándar sanitario y venta por cortes y una política de desarrollos, especialmente para las zonas extra pampeanas, que permitan arraigar al ciudadano donde nació y trabaja como la mejor política de acción geopolítica motorizada por el agroindustria es la agenda que nos va a tocar como sector agroindustrial en 2017 consensuar y proponer.
Arturo Navarro – Ex-pte de CRA
