Según el abogado de uno de los imputados, la causa por fraude inmobiliario tiene claras implicancias políticas. Mientras la nómina de allanamientos suma procedimientos (este mediodía se hicieron otros seis); la defensa de los involucrados comienza a perfilar sus estrategias y a dar su versión del panorama.
Uno de los primeros en opinar públicamente sobre el tema fue Iván Hernández Larguía, quien oficia de abogado defensor del empresario Pablo Abdala, uno de los dos imputados que lograron la libertad bajo fianza. “Al momento se realizó la audiencia imputativa y se resolvió solamente la libertad (o no) de los imputados durante el proceso (…) En el ínterin se nos expusieron las pruebas y los hechos que fundamentaban la actuación de la Fiscalía, y la jueza resolvió la situación puntual de cada imputado. Eso es lo único que se hizo”, detalló el abogado respecto a los avances de esta semana, en la mañana radial de Fisherton CNN.
Asimismo, Hernández Larguía se mostró en desacuerdo con las consideraciones vertidas, en tanto – a su juicio- lucen apresuradas. “No está bueno calificar esta causa como se hizo porque, por lo menos hasta ahora, de lo único que estamos hablando es de cinco estafas consumadas, que habría que ver de qué tipo son, y una tentativa de estafa sobre inmuebles (…) En lo que se imputó hasta ahora, hay un solo hecho que se pretende sea lavado de dinero”, argumentó.
Dr. Iván Hernandez Larguía (Gentileza Fisherton CNN)
La teoría
Según lo explicado por el abogado de Abdala, la Fiscalía sostiene la teoría de que los imputados actuaban bajo una organización de tipo “celular”. “Este tipo de estructuras son las que utiliza el terrorismo”, detalló Hernández Larguía. Y apuntó que el Fiscal (Sebastián Narvaja), ejemplificó la situación con el caso de ISIS, para ilustrar el hecho de que un grupo puede funcionar igual inclusive ante la falta de conocimiento entre sus integrantes. “El Fiscal quiere decir que los contactos son indirectos a través de la célula. Una célula se contacta con otra. Esa es la teoría (…) A ese nivel de disparate han llegado”.
“Para la Fiscalía hay una célula inicial que detecta los bienes, otra para recolectar los papeles y hacer la transferencia, y otra que produce el ingreso de los bienes al mercado; que es la que produce el lavado de dinero y las defraudaciones. Todos esos vínculos de ninguna manera están demostrados”, comentó el defensor de Abdala. Y ahondó, “después existen conversaciones que están sin ordenar cronológicamente. Si van a sostener que una persona dijo tal cosa, hay que aclarar cuándo y en qué circunstancias”.
Presión política
“Creo que los fiscales hacen su trabajo. Puedo no coincidir con sus conclusiones, pero esto no es político y es común”, argumentó Hernández Larguía. Y arremetió apuntando a que existen dos hechos que a su juicio “hablan de una politización” del caso. Primero, “todo lo que hicieron desde el poder político para que no intervengan unos defensores, como es el caso de Superti, Lewis y Cuenca; largando eso a la prensa y denostando profesionales correctos “. Segundo, el pedido del gobernador para ser querellante. “El ciudadano y la provincia están representados en el juicio por el fiscal, entonces, si el Ministerio Público Fiscal, que depende del Ejecutivo, está en el juicio ¿por qué tiene que haber una querella de la provincia? Esa es una cuestión efectista”.
REDACCIÓN ON24
