A medida que pasan las horas, los detalles y las implicancias de la investigación del extendido fraude perpetrado en Rosario, van saliendo a la luz. Luego de un miércoles agitado por la irrupción de fuerzas de seguridad y funcionarios de organismos de control en más de una veintena de lugares, que dejó diez detenidos y una buena cantidad de material probatorio; la saga continuará con las audiencias imputativas que tendrán lugar mañana.
El nudo de esta investigación pasa por la sospecha de que “habría varios empresarios de la ciudad vinculados entre sí, no solamente entre ellos, sino también con contadores, abogados y escribanos que, según dicen desde la Justicia provincial, habrían elaborado un maniobra que tenía que ver con ubicar gente con algún tipo de dificultad de acceso a la Justicia. Es decir, gente anciana, o que estuviese viviendo fuera del país, o lejos de los sitios donde se encontraban esas propiedades, fallecida, o que no hubiera ningún heredero en conocimiento, para aprovecharse de esa situación fraguando poderes, abriendo la posibilidad de transferir esos inmuebles a sus patrimonios, o de algún conocido”, explicó Garret Edwards, Director del Departamento de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad.
Y ahondó, “evidentemente, el objetivo fue armar una cadena de transferencias que fueran ocultando la maniobra fraudulenta original y dificultando la posibilidad de saber si había pasado o no algo raro en su punto de origen”.
Cómo sigue
Este viernes, a aquellos que detuvieron en la jornada de ayer se los someterá a una audiencia imputativa, “que es el primer paso que da lugar al resto del proceso en la Justicia provincial, que hasta el momento se aboca a las figuras penales del fraude o de la asociación ilícita, pero que por la vinculación que puede llegar a tener la intervención de la AFIP, la UIF y el Banco Central, podría devenir en lavado de activos”, explicó el abogado.
Según Edwards, no debe dejar de advertirse sobre la preocupación “de aquellos que fueron afectados sobre la posibilidad de recuperar o no esas propiedades”. Y siguió, “allí, habrá que tener presente que aquellos que obraron de buena fe, es decir, que pagaron por esos inmuebles no sabiendo que estaban comprando algo que había sido obtenido de forma ilícita, (y sean realmente terceros desconectados de esta situación), son propietarios legítimos de esos inmuebles (…) Lo que pueden reclamar los damnificados a los defraudadores es el pago en concepto de lo que perdieron, pero no lo que perdieron en sí”.
Tráfico de información
“Resulta complicado, y sin conexiones no puede llevarse adelante”, advirtió Garret Edwards, en referencia al rol clave del tráfico de información confidencial para la consumación de este tipo de delitos. Y explayó, “pensemos que la Argentina no tiene un registro unificado de la propiedad inmobiliaria, y no hay información digitalizada de acceso público; hay que dirigirse a las oficinas del Registro de la Propiedad a solicitar los informes. Esto quiere decir que tener acceso a esa información implica conexiones, porque es vital a la hora de llevar a cabo estas maniobras”.
En este punto, “cabe recordar lo sucedido hace dos años en Rosario, cuando la Justicia desbarató un ardid por el cual un grupo de personas se quedaban con los saldos de cuentas inmovilizadas del Banco Municipal. La información de cuáles cuentas judiciales eran las que no tenían movimiento sólo la tenían aquellos que trabajaban en el Tribunal; los mismos que después fraguaban oficios para quedarse con esos saldos. Es decir, el manejo de información confidencial es crucial para este tipo de crímenes de cuello blanco”.
REDACCIÓN ON24
POR @fortunamariano
