Por Garret Edwards
@GarretEdwards
Director de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad
Sesión maratónica en el Concejo Municipal, tras cuatro días de trabajo en comisiones parlamentarias, y con veintiocho proyectos que finalmente llegaron al recinto, en un intento de dar respuesta a la problemática de la inseguridad, con novedades que quizá despierten más dudas y críticas que festejos. Lo primero positivo que surge es la Declaración de Emergencia en Seguridad Pública de la ciudad, un reconocimiento formal bastante atrasado de la gravísima y delicada situación por la que atraviesa Rosario y que, en la práctica, otorga herramientas al Ejecutivo Municipal para que por 180 días prorrogables por otros 180 días más pueda realizar compras y contrataciones directas, disponiendo de partidas presupuestarias hasta este momento destinadas a otras áreas. En ese sentido, el Concejal Diego Giuliano puso como ejemplo la posibilidad de comprar más patrulleros, una de las deudas actuales del Gobierno Provincial.
Por su parte, se encomendó al Ejecutivo Municipal un estudio de factibilidad de creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que Rosario cuente con un área dedicada de forma permanente a esta temática. Se creó un programa llamado “Paradas Seguras de Servicio de Transporte Público de Pasajeros”, que plantea la unificación de paradas de ómnibus y taxis, las cuales contarían con patrullaje policial permanente y elementos de seguridad.
Hasta acá lo positivo. Hubo algunos puntos conflictivos entre los propios ediles y para la opinión de la ciudadanía, y quizá el más candente haya sido y sea el de que se juzgarán infracciones de tránsito a través de las videocámaras de seguridad, aunque quedó reducido el campo de aplicación original y sólo será para infracciones por cruzar semáforos en rojo y por circular en contramano. Por un lado, se criticaba un afán eminentemente recaudatorio del Municipio, que se habría morigerado levemente al crearse un fondo de prevención social del delito y otro de asistencia a las víctimas, como supuestos destinatarios exclusivos de estos nuevos ingresos.
Sin embargo, imaginemos las siguientes situaciones: ¿Se va a multar al rosarino común y corriente que cruza un semáforo en rojo porque quieren robarle mientras espera en una bocacalle a la noche? ¿Piensan que los que utilizan vehículos para delinquir van a tener los papeles en regla, y presentarse a abonar sus multas? ¿Las videocámaras, que cuando más se las necesita para esclarecer hechos delictuales no han funcionado, van a funcionar? ¿Se resguardará la identidad y la privacidad de quienes van en el habitáculo, al igual que en las fotomultas actuales, situaciones que han dado lugar a sendos juicios? ¿Esta medida está pensada, entonces, para castigar a los delincuentes o para castigar a quiénes?
Y si a todo esto le agregamos la situación de los Jueces Municipales de Faltas, que no son jueces reales sino simples empleados administrativos designados a dedo por el Ejecutivo Municipal, ahora la Intendente Mónica Fein se encuentra habilitada a nombrar hasta ocho nuevos subrogantes, sólo para abocarse a este fin: las multas. Más gasto público.
Además, a determinadas actividades que el Concejo considera pueden estar relacionadas con la delincuencia, como los desarmaderos de autos y la venta de celulares usados, no se les otorgará habilitación a aquellos titulares que tengan antecedentes penales. Claro, porque los delincuentes van a ser tan ingenuos de presentarse ellos mismos en los papeles, y no operan ya a través de testaferros e intermediarios. Ahora, preocupa que esto se indique como una novedad, ¿eso significa que hasta esta modificación no se revisaban los antecedentes penales de nadie?
Finalmente, al recinto nunca entró el proyecto de las patentes en los cascos de los motociclistas, que tanto revuelo causó primeramente. Si bien no era una idea genial, el no haber resuelto nada respecto a los delitos perpetrados con motocicletas es una deuda del Concejo.
Al tiempo que pasaba todo esto, el Senado Provincial dio media sanción a un proyecto para crear veinte nuevos cargos de fiscales, y le tocará a Diputados aprobarlo. Una Cámara de Diputados que se comprobó apenas se junta cada quince días, y no una vez por semana como debería por reglamento. Pequeños avances, y muchas dudas, en lo que fue la primera respuesta formal y oficial de parte del Estado después de la marcha del jueves 26 de agosto, marcha que tendrá su réplica el próximo jueves 8 de septiembre.
