El Congreso de la Nación Argentina vuelve a abordar un tema de gran polémica que generará un fuerte debate entre los legisladores. Así, el rosarino y especialista en seguridad Gabriel Chumpitaz ingresó la presente ley, la cual “establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado”.
Según Chumpitaz, el objetivo es garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública, y remarcó: “La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir”.
El proyecto incluye normas de procedimiento y confidencialidad, ya que los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad, remitiendo los resultados a la autoridad competente, quien garantizará su resguardo y custodia.
Chumpitaz, quien se ha especializado en varios países, como Colombia, plantea que, si bien la droga es un negocio ilícito, opera con una matriz de oferta y demanda similar a la de cualquier negocio convencional. En consecuencia, se debe atacar el narcotráfico y sus derivados, como el narcomenudeo y el microtráfico; pero, al mismo tiempo, se debe accionar en la prevención y control de adicciones, enfatizando de manera categórica: “Quienes pretenden liderar estas difíciles batallas contra la droga, tenemos que dar el ejemplo”
Finalmente el legislador rosarino concluyó: “Esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder. Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones”
