El “hallazgo” corrió por cuenta del reconocido abogado Pablo Abdon Torres Barthe, frontman de la rebelión fiscal contra el municipio santafesino de Villa Saralegui.
En su cuenta de la red social X, advirtió que “la tasa dé neumáticos de la comuna de Alvarez en la provincia de Santa Fe es la mas insólita que vi”. “Arranca con un tema ecológico, obviamente, y en su artículo 1 declara política pública de la comuna al manejo de neumático fuera de uso” agregó el letrado.
“Presentan una problemática especial, porque su biodegradación insume entre 500 y 1.000 años, poseen una forma y volumen que importan la utilización de mucho espacio en su almacenamiento o disposición, y además importan un riesgo directo para la salud de la población por constituir un lugar de albergue de roedores, insectos y otros vectores de graves enfermedades, lo que hace necesario que sean objeto de una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada, por cuanto constituyen uno de los problemas medioambientales más serios a nivel mundial, de acuerdo a organismos especializados en el tema”, reza la ordenanza de la comuna ubicada a solo 30kms de la ciudad de Rosario.
Torres Barthe apuntó que en el artículo número 2, “tira el concepto de productor de neumáticos, que es basicamente el gomero; mas abajo ya empieza a hablar de tasa y también define unidad tributaria como un 1 litro de nafta super en el ACA de la ciudad de Buenos Aires”.
Mas abajo, la ordenanza habla de “la tasa que se la clava a las gomerias expresando que lo mínimo que tienen que pagar son 5.500 UT al año o sea 5.500 litros de nafta super que valen $1089 o sea que una gomeria tributa como minimo $ 5.989.500 al año”, alertó el reconocido abogado.
Por último, recordó que “Alvarez tiene 6000 habitantes y tiene 10 cuadras por 10 cuadras mas o menos por lo que poner una gomeria claramente no es rentable en esa comuna”.
Uno de los foristas respondió el posteo de Torres Barthe y advirtió que, en realidad, “esta tasa apunta a sacarle guita a los fabricantes e importadores de neumáticos sin absolutamente ninguna contraprestación”. “Un estudio de abogados de Córdoba le vendió ese paquete a cerca de 100 municipios, es una exacción ilegal”, lamentó.
