Una palabra que cíclicamente vuelve a ponerse “de moda” en nuestro país es “Privatizaciones”. La motivación ideológica libertaria es luchar contra los negocios públicos de la “Casta”.
La realidad económica es que el Gobierno Nacional necesita plata para sobrevivir sin emitir, sin gastar, sin comprometer el déficit fiscal.
En esta Argentina en transformación, en medio de un salto de época, donde la “marcha atrás” no está registrada en esta “caja de cambios”. Nos vamos enterando de los avances en la estrategia de privatizaciones del Gobierno Nacional. Pero también nos sorprendemos sobre las reacciones de algún gobierno provincial.
Cuando se tiene claro cómo funciona el motor del cambio, se actúa en consecuencia, es el caso Milei.
Ahora, cuando se liga de rebote el efecto de la nueva era, no se prevé la ola y se reacciona ante los hechos consumados. Es el caso de Llaryora en Córdoba, por ejemplo.
Lo llamativo es que una de las provincias más poderosas del centro del país, Córdoba, quiere “provincializar” lo que Milei desea “privatizar”.
En el caso por caso, de las empresas públicas nacionales, descubrimos que la provincia que comanda el hombre de San Francisco, Martín Llaryora, quiere quedarse con la flota de
Embraer (ex Austral) para crear su propia aerolína provincial cordobesa, por ejemplo.
Dentro del desmantelamiento de la pública tecnológica VENG, Córdoba pidió el INVAP y las instalaciones del negocio de imágenes satelitales que está instalado en la capital mediterránea.
Cuando uno ingresa a Córdoba Capital, muchas veces lo hace por la Avenida Fuerza Aérea donde está la fábrica de Aviones FADESA, también a provincializar al igual que parte de Fabricaciones Militares que funcionan en el distrito cordobés.
En definitiva, lo que la Nación quiere vender, Córdoba propone provincializarlo. Según los sucesores de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti, hay recursos en las arcas cordobesas para hacer frente a este desafío que les permite hacerle un favor a Milei, pero contrapesando su estrategia libertaria de achicar al Estado Nacional, quiere agrandar el Estado Provincial con una filosofía totalmente opuesta, basada en una historia más bien justicialista.
Un dato importante es que la Nación le debe a Córdoba fondos de coparticipación de la era kirchnerista y de esta manera, puede saldar parte de esa deuda.
Entonces estamos ante una solución nacional, una contraprestación provincial estatizadora.
Privatizaciones: el caso por caso de cada empresa
Las autoridades nacionales están barajando distintas alternativas adaptadas a cada caso en particular para aumentar la presencia privada en estas empresas públicas, sin despreciar la idea de traspasar a las provincias interesadas, algunas de ellas.
AySA: una de las más importantes. En medios oficiales se considera que la prioridad es convocar a “un operador fuerte” para que se haga cargo de la gestión de la compañía.
En paralelo, se estudia la posibilidad de abrir el capital accionario a la Bolsa. Debe tenerse en cuenta que la compañía tiene experiencia en el mercado de capitales (ya ha emitido obligaciones negociables).
ARSAT: la empresa estatal de comunicaciones ya anunció su salida a la Bolsa en 2025 con el propósito de privatizar hasta el 49% del paquete accionario. Nucleoeléctrica Argentina S.A. la empresa generadora de energía eléctrica que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II, también podría ir al mercado de capitales.
Aerolíneas Argentinas: en medios oficiales se evalúa que la privatización de Aerolíneas no es posible en las actuales condiciones, pero también señalan que hay áreas que podrían salir de su órbita para reducir el tamaño de la empresa y favorecer la competencia aerocomercial. En tal sentido se analizan los servicios de tierra, de aire, simuladores, OPTAR o parte de la flota. En lo inmediato, hubo conversaciones con el gobierno de Córdoba porque habría manifestado interés por recibir la flota de Embraer (Austral) para armar una aerolínea provincial, según comentan en la Casa Rosada. El presidente Milei en más de una oportunidad manifestó que no tendría problema en darle la empresa a los empleados y, en el mismo sentido, opina el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En el Gobierno se señala, en tanto, que no habrá compradores de Aerolíneas mientras sigan vigentes los actuales convenios laborales. Por esta razón, están manteniendo conversaciones para ver cómo reformularlos.
VENG: la división de las áreas de negocios también forma parte de la estrategia oficial. Así, en el caso de VENG, empresa de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado, con especialidad en la actividad espacial, se está pensando en escindir el negocio de información satelital, del acceso al espacio ya que se considera que obedecen a drivers de mercados distintos y, por lo tanto, sería más conveniente una privatización con compradores estratégicos. En este caso, la provincia de Córdoba también está interesada en recibir las instalaciones del negocio de imágenes satelitales, en conjunto con INVAP.
Otro tanto sucede con la empresa nuclear Dioxitek ya que se considera conveniente separar los negocios de combustible nuclear de los radioisótopos para uso medicinal.
ENARSA: cuenta con unidades de negocios distintos relacionados a la generación hidroeléctrica, termoeléctrica, gasoductos y energías renovables (eólico). Las primeras evaluaciones contemplan que, dependiendo de su situación, debería ser concesionada, vendida o cerrada, siendo necesaria la separación de los mismos.
Fabricaciones Militares: la actividad central de la empresa está vinculada con la provisión de munición, chalecos y pólvora/explosivos. Trascendió que habría interesados en explotar las 4 plantas principales mediante la figura de un contrato asociativo, pero todavía no está definida la figura legal. La evaluación oficial es que los activos relacionados a otros negocios deberían ser vendidos o cerrados para asegurar la sostenibilidad de la empresa, entre ellos el Establecimiento Metalúrgico Capillitas y la Planta de explosivos de San José de Jáchal y la Planta Potabilizadora de Agua de Córdoba.
Las cesiones de empresas forman, asimismo, parte de la estrategia oficial. Así, se está negociando la transferencia de responsabilidades hoy a cargo de la Secretaría de Minería de la Nación a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio a la Provincia de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán.
Fábrica Argentina de Aviones: en el caso de la Fábrica Argentina de Aviones se está negociando la cesión de las acciones del Ministerio de Defensa a la provincia de Córdoba. En el mismo sentido, se está tramitando la cesión de la concesión minera de Capillita (rodocrosita) a la provincia de Catamarca. Esto permitiría resarcir a estas provincias por deudas que la Nación mantiene con ellas desde hace tiempo.
El objetivo de las autoridades nacionales es pasar estos activos a las provincias, pero con la intención no de que se hagan cargo los estados subnacionales, sino para que las gobernaciones faciliten la privatización, en caso de que les resulte conveniente. Eso depende de la filosofía política de cada Estado…no piensan igual la Nación que Córdoba, está claro.
Bancos: en materia de entidades financieras, las autoridades están decididas a vender las acciones que todavía tiene el Estado en el Banco Hipotecario y la intención oficial es también desprenderse del Banco de Inversión y Comercio Exterior. En cuanto al Banco de la Nación, el primer paso que se piensa es su transformación en sociedad anónima para luego intentar inyectarle capital privado inclusive abriendo su capital a la Bolsa.
El Gobierno contempla seis mecanismos para decidir el destino de estas empresas:
- Privatización – IPO (siglas en inglés de Oferta Pública Inicial, proceso para recaudar fondos a través de una cotización en el mercado de valores).
- Podrá ser total o parcial, venta de acciones, aumento de capital, licitación u oferta pública.
- Concesión (empresas o unidades)
- Transformación (escisiones patrimoniales, venta de activos prescindibles, cesión de unidades no estratégicas).
- Cesión (a las provincias)
- Cierre (cierre operativo, liquidación, fusión por absorción)
- Socios estratégicos (contratos asociativos)
Por lo pronto, se plantean tres etapas en este proceso. Uno, identificado como “Definición” contempla un período de 2 a 3 meses en los que la tarea consiste en el cierre de balances, se establecen las modalidades para el proceso de privatización, el plan de negocios y la contratación de asesores.
La segunda, denominada “Preparación”, consistente en la publicidad del llamado a los interesados, la presentación y la evaluación de ofertas. También en un lapso de 2 a 3 meses.
El proceso termina con la “Ejecución” consistente en la Recomendación de adjudicación, los dictámenes oficiales, la adjudicación y la atención de las eventuales impugnaciones (1 a 2 meses).
Contra la “Casta”
En el entorno del jefe de Estado aseguran que con las privatizaciones se cerrará “una fuente de ingresos de los políticos corruptos”.
El primer mandatario considera que el traspaso a manos privadas de las empresas hoy manejadas por el sector público es una parte fundamental de su lucha “contra la casta política”.
Es más, explican en el entorno presidencial, “aunque la empresa sea superavitaria, igual se traspasará al sector privado porque si siguiera en la órbita pública, los políticos corruptos volverían a hacerla deficitaria”.
En la actualidad, las compañías bajo estudio son, entre otras, a Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, media docena de empresas de ferrocarriles,
ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de la Moneda, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, Aguas y Saneamiento (AySA) y la televisión pública.
El criterio que manejan las autoridades a cargo del área va más allá del simple proceso de privatización.
De manera sintética, apunta a analizar la situación de cada una de estas empresas, ver qué segmentos tienen valor y evaluar las mejores formas para que estas actividades pasen al sector privado, o bien que las provincias interesadas, como el caso cordobés, se hagan cargo.
