El anuncio del ministro de desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, toma impulso tras la reciente presentación de un proyecto para simplificar los divorcios, permitiendo que las parejas puedan disolver su matrimonio con una simple declaración ante el Registro Civil, sin necesidad de iniciar un proceso judicial.
Según Sturzenegger, lo mismo debería ocurrir en casos de sucesiones en los que no hay disputa alguna sobre los bienes. “Si todos los herederos están de acuerdo, no tiene sentido prolongar el trámite en los tribunales”, explicó el funcionario.
Aunque la iniciativa está en proceso de redacción, aún resta definir varios aspectos técnicos, como quién sería la autoridad competente para validar el acuerdo sucesorio. Algunas voces dentro del Ministerio de Desregulación sugieren que podría ser un escribano el encargado de llevar adelante este proceso, aunque aún no hay consenso al respecto. Una vez resueltas estas cuestiones, el proyecto será presentado en el Congreso.
La réplica por parte de algunos colegios de abogados no se hizo esperar. En la localidad bonaerense de Mercedes, lanzaron una campaña que subraya la importancia de contar con asesoramiento legal para garantizar procesos justos y proteger los derechos de los ciudadanos.
Dicen que el proyecto de ley pone en riesgo la protección y garantías legales de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Según la institución, este tipo de reformas, que priorizan una supuesta simplificación administrativa, debilitan los derechos fundamentales que solo pueden ser asegurados mediante la intervención judicial y el consejo de profesionales capacitados.
El Colegio de Abogados de Mercedes expresó su firme rechazo al nuevo intento de modificar el Codigo Civil y Comercial en pos de admitir que los procesos sucesorios puedan ser llevados a cabo ante Escribanos.
Señaló que el esquema proyectado desvirtúa el principio de justicia en los procesos sucesorios al delegar en notarios funciones que pertenecen estrictamente al ámbito Judicial, poniendo en riesgo derechos y garantías (individuales y colectivas) que solo pueden ser asegurados mediante la intervención jurisdiccional.
