La Fundación Libertad viene trabajando intensamente desde hace meses, en un plan de reducción del gasto público santafesino. Un trabajo que tiempo atrás, aprovechando la visita Federico Sturzenegger, el equipo económico del think tank se reunió para discutir el proyecto con el artífice de la transformación del estado.
Con la apertura a cargo del Profesor Walter Castro, el periodista Marcelo Fernández dió paso a moderar la presentación de los responsables del equipo que llevó adelante el trabajo de investigación y la elaboración de propuestas que acompañaron cada recorte de gasto sugerido. Así, Luciano Villegas y Javier Bongiovanni dieron paso a la presentación en la que se destacaron gastos a los que los profesionales calificaron de “excesivos, superfluos y arbitrarios”
Para comenzar, los especialistas hicieron un recuento de las erogaciones que hoy afronta la administración pública provincial. Y en primer lugar, apuntó que más de un cuarto de los recursos de las empresas públicas provinciales corresponden a transferencias (subsidios) por parte de la administración provincial. “Más del 80% de los recursos de Radio y Televisión Santafesina son subsidios que recibe del gobierno provincial; para el año 2023 los mismos ascendieron a 893 millones de pesos”, puso como ejemplo Javier Bongiovanni, recordando a los asistentes que “mientras estamos aquí reunidos presentando estos gastos, la TV pública esa emitiendo Paka Paka”.
Por otro lado, Luciano Villegas indicó que la Cámara de Diputados tiene presupuestado gastar en personal administrativo durante el año 2024, $19.065.934.000, es decir más de $380 millones por cada diputado. Al tipo de cambio oficial gastará casi 22 millones de dólares solo en personal administrativo, U$S 434.798 por cada diputado.
Asimismo, la cámara baja dispondrá para este año de $3.832.114.000 para asistencia social a personas y asignaciones familiares. Cada diputado tendrá a disposición U$S 98.763 para asignar discrecionalmente.
Villegas explicó en su presentación que, en Santa Fe, según los últimos datos publicados en el presupuesto provincial, se destina por legislador $958 millones al año siendo la cuarta provincia que más gasta por legislador en el país. Córdoba, con similares características, gasta $259 millones por legislador, esto es el 27% de lo que gasta Santa Fe en esta categoría.
Entre 2002 y 2023 la relación entre el gasto en reemplazo docente con el total del gasto del Ministerio de Educación en personal docente y no docente fue variable, oscilando entre el 11 y el 18 por ciento. El economista evaluó que llevar el ratio al extremo inferior respecto del superior significaría un ahorro de más de 80 millones de dólares para el Tesoro.
Por otra parte, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio de Cultura cuentan con presupuestos de $5.546 y de $13.701 millones respectivamente para el año 2024. Este último destina casi el 80% de su presupuesto a gastos de personal.
Entre 1999 y 2023 el empleo público provincial creció aproximadamente un 60%, muy por encima del 19% que creció la población entre el censo de 2001 y 2022. Durante la última administración el empleo público aumentó un 9%.
Los tres poderes del Estado tuvieron un aumento global en sus plantas de entre 33 y 35% entre 2010 y 2023, destacándose dentro de los mismos la Cámara de Senadores, cuyo aumento de empleados entre el 2010 y 2023 fue de casi un 65%.
Entre 2003 y 2023 el rojo de la caja previsional se multiplicó por 6,5 veces en moneda constante. Además, ajustando el déficit anual corriente por el tipo de cambio oficial promedio de cada año se observa un crecimiento desde 34,9 millones de dólares en 2003 a 586 millones de dólares en 2023.
¿Dónde pasamos la motosierra?
En cuanto a las empresas públicas, para Bongiovanni se advierte un déficit operativo creciente de las mismas, con un funcionamiento que requiere de cada vez más transferencias del Tesoro. En este marco, consideró necesario “analizar los costos de cada una de ellas y, en otros casos, evaluar su cierre definitivo como es el de Radio y Televisión santafesina”.
Un segundo punto de análisis corresponde al gasto legislativo. Para el año 2024, según el Presupuesto provincial, cada legislador cuesta $958 millones al año, siendo la tercera provincia que más gasta por legislador en el país. El especialista evaluó que, la dimensión que adquiere este gasto obliga a plantearse fuertes reducciones en todos los conceptos. Gastos administrativos, de asesoría y de funcionamiento fueron alguno de los expuestos, así como también los sustanciales fondos que administran discrecionalmente senadores y diputados.
“Es momento que la clase política muestre austeridad ante un tamaño del Estado que inexorablemente debe limitarse”, consideró
El tercer eje de acción refiere a las significativas erogaciones que la provincia debe afrontar por reemplazos docente como consecuencia de las ausencias laborales, tanto por motivos médicos como por asuntos de otra índole. “Un sistema laxo, con controles insuficientes ha derivado en un esquema que no solo atenta las finanzas públicas sino también la calidad educativa”, dijo Villegas.
También se plantea la necesidad de priorizar el gasto público, lo que implica “poner un punto final a determinados programas o incluso secretarías”. “Muchos de los planes de acción de gobierno se superponen, continúan sin un eje claro de gestión y sin mensurar los costos y beneficios de los mismos”, advirtió en su exposición. “Es hora que el Estado acote sus funciones en seguridad, justicia, educación y salud primaria, delegando en el sector privado todos aquellos asuntos que escapan a dichas áreas esenciales”, opinó.
Luciano Villegas también se refirió al empleo público. Santa Fe tiene aproximadamente 4,3 empleados públicos cada 100 habitantes mientras que hace 20 años tenía menos de 3,3.
“El empleo estatal ha crecido en los últimos años por encima del crecimiento poblacional, a lo que se suma la falta de mecanismos abiertos, competitivos y evaluativos para la incorporación de agentes”, expresó. “El empleo público es excesivo lo que sumado a la falta de incentivos y exigencias en su desempeño, generan un estado burocrático y muy costoso para todos los contribuyentes”, apuntó el economista.
Por último, hizo referencia a la crisis que atraviesa la Caja Previsional, un sistema insostenible que exige modificaciones estructurales para que sea viable. “Elementos tales como los aportes y la edad jubilatoria deben redefinirse para darle financiamiento a un régimen jubilatorio que ha entrado en crisis en todo el mundo y que obliga a establecer nuevos parámetros”, dijo.
Para finalizar Bongiovanni aseguró que, en caso de avanzar con las propuestas que su informe sugiere, el gasto provincial podría reducirse en un significativo 14,88%, es decir, unos $723 mil millones.
