Mientras nuevos ojos inversores miran hacia Puerto Norte como una de las áreas con mayor potencial de Rosario, la problemática en torno al asentamiento que radica en la avenida Francia, entre Caseros y Junín, aún no se resuelve. Y, peor aún, no hay miras de que la solución esté cerca.
Desde el Concejo Municipal de Rosario, se había elevado, hace dos meses, un pedido de informes para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, dé a conocer la defensa ejercida ante la Justicia para acreditar la propiedad de las tierras.
“Creemos que hay una defensa judicial de los terrenos que resulta sospechosamente light, porque los dos actos interruptivos de la prescripción más tangibles son la denuncia policial de usurpación y la demanda de desalojo, y ninguno de los dos están en el expediente. Entonces, la defensa fue muy floja, lo que si no implica una connivencia, sí implica que se pueda poner en riesgo los terrenos”, había explicado a ON24 el concejal radical Martín Rosúa.
“Le habíamos pedido al Ejecutivo que haga una defensa más férrea a nivel judicial de este intento de estafa que había, pero todavía ni la Municipalidad ni el Ejecutivo Nacional nos contestaron el pedido de informes”, aclaro, dos meses después, el edil a este medio.
En ese sentido, Rosúa adelantó que “vamos a reiterar” el pedido de informes y afirmó que solicitará que el Concejo pueda comparecer ante la Justicia para pedir una copia del expediente judicial. “Nosotros, desde el Concejo, no tenemos capacidad jurídica, el que tiene que defender y definir esto es el Estado Nacional, que es el titular de los bienes”, remarcó el concejal.
Cabe recordar que en este asentamiento, ubicado entre las Torres Nordlink y el complejo Condominios del Alto, se encuentran radicadas, de forma irregular, unas 70 familias. Aunque los terrenos pertenecen jurídicamente a la AABE, un fideicomiso privado asegura que son de su propiedad, basado en la figura de la prescripción adquisitiva.
Concretamente, el empresario Gabriel Mana conformó este fideicomiso a través del cual los ocupantes del terreno le cedieron el derecho de posesión para que él labre juicio de usucapión.
Incluso, Rosúa presentó luego un proyecto para que estas tierras vayan a licitación pública, con indicadores precisos de la Municipalidad sobre proyectos inmobiliarios y parquizado, de manera de que el dinero obtenido se ingrese a un fideicomiso para la construcción de viviendas sociales en otras zonas de la ciudad, donde puedan ser reubicadas las 70 familias. “Nosotros calculamos que con lo que se obtendría en esa licitación se podrían construir viviendas para unas 360 familias”, subrayó Rosúa. Pero hasta el momento, claramente, tampoco se ha avanzado sobre esta propuesta.
REDACCIÓN ON24
