El Gobierno busca avanzar con la licitación de la Hidrovía: “Nos molesta que no nos consulten”

A través de dos decretos, se declaró al dragado como Servicio Público y se dio la posibilidad de dividir los contratos licitatorios en tramos y actividades

La Secretaría de Transporte del Gobierno Nacional señaló que “por primera vez en las últimas décadas” se logró un avance significativo para licitar la Hidrovía Paraná-Paraguay. La afirmación hace referencia a los decretos 699/2024 y 709/2024, los cuales declaran servicio público al dragado y delegan en la Secretaría de Transporte el llamado a licitación y adjudicación de las tareas de mantenimiento.

Las nuevas normativas “abarcaron dos importantes medidas: la primera declaró servicio público el dragado, redragado, balizamiento, mantenimiento, señalización y control de las vías navegables de jurisdicción nacional, remarcando que la libre navegación en condiciones competitivas constituye una política de Estado”.

“Declarar estas tareas como servicio público permite asegurar la continuidad y regularidad de las prestaciones que hacen a la navegación interjurisdiccional y a procurar la calidad y eficiencia de los servicios en la vía navegable troncal, que resulta trascendental para el desarrollo de las economías regionales de la Cuenca del Plata dada su relevancia estratégica”, puntualizaron desde el gobierno.

No obstante, advirtieron que hasta que se adjudiquen los servicios “la Administración General de Puertos (AGP) mantendrá el nivel actual de prestación de los servicios, es decir, es el encargado del mantenimiento de la Hidrovía”.

En cuanto a la segunda, detallaron que “estuvo referida, principalmente, a que se delegó en la Secretaría de Transporte (Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) el llamado a licitación y adjudicación para dichas tareas en la Hidrovía, agilizando procesos y concentrando acciones específicas en los órganos con competencia en la materia. Para el llamado a licitación podrá utilizar diferentes mecanismos, con la posibilidad inclusive de dividir los contratos en tantos tramos o actividades como resulte técnicamente conveniente”.

Por último, el Gobierno anunció que “se disolvió el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA), un organismo creado en la gestión anterior pero que no logró ninguna acción positiva durante los dos años de existencia”.

Por su parte, Jorge Metz, ex secretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, explicó en diálogo con CNN Radio Rosario, esta mañana, el estado actual de la situación contractual para las tareas pertinentes: “El contrato originalmente era de 10 años, entre 1995 y 2005. Lleva 29 años en ejecución, lo cual indica que quienes estuvieron después no supieron hacer otra cosa que renovar. La consecuencia de esa actitud es que el acuerdo de 1995 habla de buques que ya perdieron vida útil, entre otras desactualizaciones”.

“Creo que el RIGI y la Ley Bases han dado un primer paso importante para avanzar en esta iniciativa, pero primero hay que definir qué queremos hacer. Tenemos que pensar y abrir la imaginación para hablar de competitividad. Nos molesta que no nos consulten y más todavía que no consulten a los navegantes”, concluyó.

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