La idea de trasladar la Unidad Penitenciaria Número 3 de Zeballos y Suipacha, no es nueva. Muchos fueron los proyectos que se barajaron para que este espacio, que nació en los márgenes de la ciudad pero con el crecimiento de Rosario quedó enclavada en el macrocentro, y lo cierto es que más temprano que tarde, será reubicada.
La discusión se centra en el destino que tendrá esa manzana, de alto valor inmobiliario y de estratégica ubicación. En esa disputa, el Concejo Municipal de Rosario tendrá una importante participación, más allá de que la Provincia es propietaria del inmueble y trabaja en un proyecto para reconvertir ese espacio.
Serán los concejales quienes determinarán los usos y las especificaciones de lo que allí se construya, enmarcando los indicadores urbanísticos sobre lo que se puede o no hacer y, en caso del desarrollo de viviendas, la altura y los demás detalles técnicos. Todo eso pasará primero por la Comisión de Planeamiento del Concejo, donde hay dos proyectos preliminares que son contrapuestos, pero que ofrecen alternativas con miras al futuro.
El que hizo punta y trabaja en conjunto con el gobierno provincial en un masterplan es el concejal Federico Lifschitz, quien meses atrás presentó un proyecto en el Concejo junto a sus pares Manuel Sciutto y Alicia Pino, en el que “encomienda al gobierno municipal que gestione ante el gobierno provincial información sobre la obra para el reemplazo de la Unidad Penitenciaria N° 3”. Se trata de un paso formal para que se pueda instalar el tema y comenzar a debatirlo.
Lifschitz trabaja codo a codo con el gobierno provincial en un masterplan que incluso abarcaría también a las manzanas contiguas hacia Av Pellegrini que hoy ocupan dependencias municipales. Incluso en el proyecto presentado pido el Ejecutivo que “inicie un proceso de traslado y reubicación de las áreas y dependencias municipales que hoy funcionan en las manzanas contempladas como Área de Reserva Especial “Penitenciaria”, hacia otros sectores de la ciudad que siguiendo criterios de “accesibilidad”, “movilidad” y “funcionalidad” sean más razonables de emplazar.
En el mismo texto, se pide impulsar un “Concurso de Ideas” convocando para ello a colegios profesionales, universidades y demás organismos que se estime pertinente, a fin de planificar participativamente políticas públicas de reconversión de tierras urbanas en un sector estratégico para la ciudad. “Esta reubicación va a tener un impacto positivo para los vecinos de la zona, que se van a beneficiar por la puesta en valor y la reactivación del barrio. Tenemos que pensar y planificar entre todos la ciudad que queremos para los próximos años”, dijo al momento de la presentación Lifschitz.
Por su parte el concejal del partido Creo, Fabrizio Fiatti, quien además preside la comisión de Planeamiento, se refirió a la actualidad de este debate y manifestó: “Desde el oficialismo la intención que tuvimos fue de empezar a poner el tema sobre la mesa en la búsqueda de los acuerdos básicos o de base, que consistían en encomendarle al Ejecutivo las gestiones que ya estaban en tratativas”.
Desde otra visión, Ciudad Futura impulsa otro proyecto para reemplazar la funcionalidad del espacio que hoy ocupa la cárcel y tiene que ver con construir el “primer Parque Público de Vivienda en Alquiler”, que busca evitar que las tierras sean vendidas a un privado y continúen en manos estatales. Es una modalidad que se utiliza en distintas partes del mundo, donde el Estado construye no para dar en propiedad, como en el caso de la “vivienda social”, sino pensando en sectores medios para que se puedan alquilar.
“La tierra es pública y está en un sector clave, con todos los servicios. Si tomamos la decisión podemos desarrollar un proyecto modelo para dar una solución a cientos de familias y generar un gran precedente”, dijo oportunamente Monteverde cuando en 2019 se hizo la presentación de este proyecto que reingresó por las comisiones de Planeamiento y de Gobierno.
Ahora a la iniciativa se suman los aliados que sumó en los últimos años Ciudad Futura, como los concejales peronistas Norma López y Mariano Romero, que suscriben también el proyecto. En resúmen, se busca generar una oferta de “alquileres a precios accesibles, sin indexación de precios, sin cobro de comisiones extraordinarias, con apoyo estatal para la obtención de garantías y facilidades para la renovación de los contratos”.
Por su parte, el concejal Carlos Cardozo pidió prudencia y esperar “la decisión del propietario de esas tierras” que es el gobierno provincial. “Se venda o no es una decisión que tomará el dueño, en este caso el gobierno de Santa Fe. Después nosotros tendremos que evaluar los indicadores o los usos de esos terrenos una vez que esté presentado el proyecto definitivo”, fundamentó.
Algo similar ocurre con el predio de San Martín y Catamarca, un gigantesco galpón que sólo alberga transformadores y que pertenece a la Empresa Provincial de la Energía. Allí, en 1888 se instaló la primera usina eléctrica de Rosario. Un sector estratégico y revalorado de cara al río que está siendo evaluado para definir su futuro.
El exconcejal Alejandro Roselló había insistido en dos oportunidades con un proyecto donde pedía que la Municipalidad interceda ante el gobierno provincial de modo de que el inmueble de San Martín y Catamarca sea transferido a la ciudad. La iniciativa oficialista es construir allí un mercado, similar al “Mercado del Patio” que se instaló en Santa Fe y Cafferatta.
