En una votación estresante que terminó en empate y definió la vicepresidenta Victoria Villarruel, el oficialismo consiguió aprobar la “ley bases” con más cambios concedidos por el Gobierno a último momento y la ayuda del titular de la UCR, Martín Lousteau con su presencia para dar quorum.
El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados con el compromiso de ratificar las modificaciones.
El proyecto recibió en general 36 votos a favor (7 de La Libertad Avanza, 7 del PRO, 12 de la UCR y 10 de distintos bloques provinciales) y 36 en contra (33 de Unión por la Patria, el radical Martín Lousteau y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano). Villarruel presidió la votación y terminó desempatando.
Para evitar derrotas en la votación en particular, el Gobierno introdujo nuevos cambios en materia de privatizaciones, Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), moratoria previsional y organismos que no podrán ser disueltos o intervenidos por el presidente en uso de las facultades delegadas.
Lousteau se transformó en pieza clave para la aprobación del proyecto: con su presencia garantizó el quórum de 37 para abrir la sesión y, al tomar la palabra, anunció su voto en contra.
Si, por el contrario, el titular de la UCR decidía retirarse del recinto o abstenerse (lo cual se computa como ausencia), la sesión podía caer sumando la ausencia de los 33 integrantes de Unión por la Patria y los santacruceños Carambia y Gadano, quienes a última hora del martes habían llamado a no dar quórum, poniendo en riesgo el tratamiento de la ley.
“Este gobierno solo envió dos megaleyes. Cuando le dije a un funcionario del Gobierno que era muy difícil tratarlo así, me dijo que estaba hecho a propósito”, expresó Lousteau.
Sin embargo, sus correligionarios avalaron el proyecto, así como el bloque PRO, al mando del cordobés Luis Juez; tres senadores de Unidad Federal (Carlos “Camau” Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo); tres de Cambio Federal (Juan Carlos Romero, Edith Terenzi y Andrea Cristina); dos del Frente Renovador de la Concordia Misionero (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut); la neuquina Lucila Crexell; y la rionegrina Mónica Silva.
Desde temprano, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, se apostaron en el Congreso para seguir el debate y encarar las últimas negociaciones. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anunció una primera tanda de modificaciones al inicio de la sesión y otra antes de los discursos de cierre. Algunas tomaron por sorpresa a los senadores de Unión por la Patria y también algunos de la oposición dialoguista.
Una de las noticias principales fue la eliminación de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina) del listado de empresas a privatizar. El oficialismo no tenía garantizados los votos para avanzar y había una fuerte presión social de trabajadores de esas compañías, que este martes entregaron a los senadores más de 100.000 firmas como parte de una fuerte campaña contra las privatizaciones.
Por otra parte, se acotó el RIGI a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología; y se estableció un compromiso de contratar proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% de la totalidad del monto de la inversión.
Además, el Gobierno aceptó suprimir el capítulo que eliminaba la moratoria previsional. De prosperar la iniciativa oficialista, quienes no tuvieran los años de aportes necesarios solo podían acceder a la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor) a los 65 años, más un adicional proporcional a los aportes efectivizados. De esa manera, las mujeres de 60 años sin aportes debían esperar cinco años para cobrar el beneficio.
Otra modificación relevante, sobre todo para las provincias, es que se garantiza la continuidad de las obras públicas en un 80% de grado de avance o que tengan financiamiento internacional. Ese agregado era una propuesta de Lousteau, aunque pedía un piso del 75%.
Por otra parte, se incorporaron los organismos de la cultura al amplio listado de instituciones que no podrán ser disueltas por Milei en uso de sus facultades delegadas, y se agregó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo que no podrá ser intervenido.
Fuentes de Jefatura de Gabinete aseguraron que “los cambios que hayan sido consensuados con el Gobierno se van a respetar en Diputados”. En cambio, en aquellas modificaciones que logre introducir la oposición sin el aval de la Rosada, la Cámara baja podría insistir en la versión original.
Uno de los puntos conflictivos en ese sentido son las facultades delegadas a Milei. Hay tres radicales que van por el rechazo: Lousteau, el bonaerense Maximiliano Abad y el fueguino Pablo Blanco. El artículo podría caer, pero en Diputados la oposición dialoguista quiere salvarlo. Lo mismo podría ocurrir con el impuesto a las Ganancias: en el Senado no estarían los votos para restituir el tributo, pero la Cámara baja podría insistir.
El debate, que comenzó a las 10 de la mañana, ingresó en un momento de tensión durante la tarde cuando los senadores kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Eduardo “Wado” De Pedro pidieron ir a un cuarto intermedio para salir a monitorear y frenar la represión policial sobre los manifestantes. La moción se votó a mano alzada y no prosperó, pero en las bancas oficialistas hubo nervios por la posibilidad de que cayera la sesión.
Al abrir el debate, Abdala cargó contra la oposición. “Sabíamos que iban a tratar de poner palos en la rueda, que presentarían maniobras para dilatar el tratamiento de esta ley. Pero somos miles y millones los argentinos que estamos dispuestos a atravesar todas las vicisitudes y sobrellevar obstáculos con la confianza en nuestro Gobierno. No estamos solos, nos apoyan millones de argentinos que están esperando que la ley salga adelante”, afirmó.
