El año pasado, un grupo de desconocidos se presentó sin invitación en una fiesta de Navidad en Salvatierra, en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Los asistentes les pidieron que se marcharan. Pero poco después, los intrusos regresaron con pistoleros armados y la orden de “matarlos a todos”. Los asesinos dispararon 195 balas a los asistentes a la fiesta. Hubo 11 muertos y 14 heridos.
Incluso en un país acostumbrado a la violencia extrema, esta matanza conmocionó a la población. Pero a pesar de la indignación nacional, las autoridades tardaron dos meses en detener a alguien. Cuando lo hicieron, detuvieron a dos personas acusadas de efectuar los disparos, pero no a quienes ordenaron la matanza.
El crimen organizado y la violencia no son nada nuevo en México. El primer cártel de cocaína del país se formó a principios de la década de 1980. Un cuarto de siglo después, el presidente conservador Felipe Calderón lanzó una “guerra sin cuartel contra el narcotráfico” que sumió al país en un baño de sangre.
Pero el problema del crimen organizado en México ha empeorado drásticamente durante los cinco años y medio de presidencia del populista izquierdista Andrés Manuel López Obrador y se ha vuelto tan grave que pone en peligro el futuro del país. Las encuestas muestran que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de cara a las elecciones presidenciales de mañana.
Durante más de una década, los grupos de narcotraficantes dominantes se han ido fragmentando, generando una multitud de bandas más pequeñas que luchan por el territorio. En la actualidad, los dos cárteles más grandes y poderosos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se enfrentan a rivales más pequeños, como los Viagras, los Ardillas y los Escorpiones.
Muchos se han expandido hacia negocios nuevos muy lucrativos. En un informe de 2024, la Agencia Antidroga de EEUU (DEA) calificó a los cárteles de Sinaloa y Jalisco de “organizaciones criminales internacionales implicadas en el tráfico de armas, el blanqueo de dinero, el contrabando de inmigrantes, el tráfico sexual, el soborno, la extorsión y muchos otros delitos”. Los cárteles controlan más territorio que nunca, alrededor de un tercio del país según una estimación del ejército estadounidense.
A medida que ha crecido su poder económico, también lo ha hecho su alcance internacional. Los dos principales dirigen una red de actividades ilegales que se extiende por Sudamérica. Las batallas entre las bandas nacionales del CJNG y el cártel de Sinaloa han convertido al antes pacífico Ecuador en uno de los países más violentos del mundo.
Según los investigadores, los cárteles compran en China e India los productos químicos necesarios para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo y tienen fuertes conexiones con mafias europeas como la ‘Ndrangheta italiana.
En febrero del año pasado, Anne Milgram, directora de la DEA, declaró ante un comité del Senado estadounidense que “el cártel de Jalisco tiene influencia a través de socios e intermediarios en todos los continentes excepto en la Antártida”.
En EEUU, el deterioro de la seguridad en México y el floreciente narcotráfico se han convertido en un tema electoral y los republicanos piden más mano dura. Algunos han llegado a exigir que el ejército estadounidense capture a los líderes de los cárteles en operaciones al estilo de Osama bin Laden.
Aunque los datos oficiales sobre delitos como el asesinato son cuestionados por investigadores independientes, los expertos coinciden en que el poder del crimen organizado representa actualmente un grave riesgo no sólo para la población, sino también para las empresas y la economía. Es una de las razones por las que el país no está aprovechando plenamente su potencial para hacer frente a China como potencia manufacturera.
Seguridad
Según un empresario mexicano, la seguridad se ha deteriorado drásticamente con López Obrador y el Gobierno ha restado importancia al problema.
El presidente ha pintado una imagen de una administración que hace todo lo posible para abordarlo, mientras culpa a sus predecesores de crearlo. Hasta ahora no ha pagado un precio político grave por el deterioro. Su índice de aprobación se mantiene en el 65% y apenas ha variado en los últimos tres años.
Falko Ernst, analista de Crisis Group especializado en México, opina que “la política de seguridad se ha diluido hasta convertirse en un ejercicio de relaciones públicas con fines electorales. En realidad, las políticas de López Obrador han permitido a los criminales seguir consiguiendo apoyos mucho más fuertes y más directos dentro de las instituciones”.
Oficialmente, la seguridad es una alta prioridad para López Obrador. Cada día de la semana, a las 6 de la mañana, el presidente preside un gabinete de seguridad con jefes militares y policiales y ministros. Dos veces al mes, su equipo de seguridad presenta un informe con un aluvión de datos que abarcan desde detenciones hasta el número exacto de fuerzas de seguridad y vehículos desplegados.
Al inicio de su gobierno, López Obrador planteó una nueva estrategia que denominó “abrazos, no balas”. La idea era abordar las causas profundas de la delincuencia, sustituir la policía federal por una nueva Guardia Nacional dirigida por militares y minimizar el derramamiento de sangre evitando la confrontación directa con los cárteles. Hizo un llamamiento a los miembros de los cárteles para que “pensaran en sus madres”.
López Obrador pretendía que su enfoque más pacífico fuera una alternativa a la guerra sin cuartel de 2006-2012 de Calderón y a la estrategia de su predecesor Enrique Peña Nieto, que no había logrado contener el aumento de los asesinatos.
Pero el presidente recibió duras críticas por saludar personalmente a la madre del jefe encarcelado del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán en 2020, algo que, según dijo, fue un gesto humanitario hacia una mujer que entonces tenía más de noventa años.
Eduardo Guerrero, experto en seguridad de Lantia Consultores, dice que la política de abrazos y no balas de López Obrador “tuvo el efecto indeseado de expandir la presencia geográfica del crimen organizado a nuevas zonas, precisamente porque el ejército no se enfrentó a los criminales”.
Los grupos delictivos también están interfiriendo más en las elecciones. La campaña de este año ha sido la más mortífera de la historia. Hasta la fecha, 36 candidatos y otras 45 personas vinculadas a las elecciones han sido asesinados, 15 secuestrados y decenas de personas amenazadas, según el grupo de expertos Laboratorio Electoral.
Otro campo de batalla clave son los datos oficiales. El sexenio de López Obrador será el más violento de la historia de México en términos de asesinatos totales, con más de 175.000 muertos hasta la fecha.
Pero el presidente cita cifras que muestran una pequeña reducción de los homicidios en los últimos tres años respecto al nivel récord alcanzado en 2020.
Desaparecidos
Los expertos señalan que las cifras de asesinatos no incluyen el número récord de personas consideradas como desaparecidas, casi 115.000 hasta el año pasado, 43.000 de ellas durante la presidencia de López Obrador.
También señalan que el porcentaje de “delitos contra la vida” ha aumentado aunque los asesinatos han disminuido, lo que sugiere que los homicidios están siendo reclasificados.
Al inicio de la presidencia de López Obrador en 2018, el 57% de las muertes violentas en México estaban consideradas como homicidios. En el primer cuatrimestre de 2023, los asesinatos habían caído al 46% del total, según el análisis de los datos realizado por Nexos.
La policía y los médicos que realizan las autopsias a veces están sometidos a presión para no señalar la causa de la muerte en los certificados como homicidio. “Si no es un homicidio, hay menos papeleo. Si hay 10 agujeros de bala, lo consideran como ataque al corazón”, señala Ernst, de Crisis Group.
Además, la policía municipal en muchas partes de México está en la nómina de los cárteles o se ve obligada a trabajar para ellos.
El pasado mes de junio, el presidente decidió que era necesario un nuevo censo de desaparecidos porque las cifras estaban desfasadas. Dos meses después, Karla Quintana, directora de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas, dimitió alegando que el Gobierno había presionado a la comisión para que manipulara las cifras.
La sucesora elegida por López Obrador, la candidata del partido gobernante Morena, Claudia Sheinbaum, experimentó de primera mano los problemas de seguridad de México el mes pasado, cuando un grupo de hombres encapuchados detuvo su convoy en el municipio de Motozintla, al sur del estado de Chiapas.
Los hombres, que iban desarmados, le dijeron que no les olvidara cuando estuviera en el poder. Los cárteles de la droga se disputan el territorio en Chiapas.
De ser elegida, Sheinbaum continuaría en líneas generales la estrategia de López Obrador de evitar la confrontación directa con los cárteles, al tiempo que incorporaría elementos del plan que llevó a cabo como alcaldesa de Ciudad de México, dirigiendo programas para jóvenes para mantenerlos alejados de las calles e impulsando la investigación. También continuaría la política de López Obrador de una Guardia Nacional dirigida por militares.
Muchos analistas no están convencidos y señalan que la formación académica de Sheinbaum y su educación en un barrio de clase media de Ciudad de México no la han preparado para enfrentarse a las brutales guerras de los cárteles.
Pero Sheinbaum rechaza las críticas y ha declarado a Financial Times que las anteriores guerras contra el narcotráfico libradas en México “significan una licencia para que el ejército y otras fuerzas del orden público de nuestro país maten, y nosotros no creemos en una licencia para matar, creemos en la justicia”.
En cambio, Xóchitl Gálvez, principal candidata de la oposición en las elecciones del mes que viene, se ha comprometido a enfrentarse a los cárteles. Las dos candidatas participaron en un debate sobre seguridad el 19 de mayo. Sheinbaum criticó la guerra contra el narcotráfico como “una de las decisiones más terribles” de la historia reciente de México y defendió el historial de seguridad de su mentor, mientras que Gálvez dijo que la estrategia del Gobierno era “entregar el país al crimen organizado”.
Los empresarios también están cada vez más preocupados por el crimen organizado y los costes adicionales que supone. Más de la mitad de los encuestados por la asociación Coparmex el año pasado afirmaron haber sido víctimas de un delito. Entre 2021 y 2023, el robo de vehículos de transporte de mercancías asegurados creció un 46%, según Amis, la asociación mexicana de aseguradoras.
Inversión extranjera
Para muchas empresas, la seguridad adicional necesaria es simplemente un coste adicional de hacer negocios. Pero para los grupos extranjeros que están considerando invertir es un inconveniente demasiado grande. Según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Americana en México, el 13% de sus empresas miembros gastan más del 8% de su presupuesto en seguridad.
Según un banquero de alto nivel, la situación se está volviendo “insostenible”. Y en algunas zonas es tan grave que los ciudadanos han tomado cartas en el asunto.
En enero, un vídeo compartido en las redes sociales mostró a un grupo de mujeres enmascaradas del estado de Jalisco pidiendo protección a “El Mencho”, el líder del CJNG, en lugar de acudir a la policía. Y en el estado de Guerrero, cuatro obispos católicos se reunieron en febrero con los líderes de los cárteles de la droga porque dijeron que “el gobierno del estado no quiere encontrar una solución”.
Dada la gravedad de la situación, muchos se preguntan si el próximo líder de México podrá cambiar mucho las cosas. “El próximo presidente tendrá que empezar desde cero. Los criminales son ahora más poderosos, hay más violencia, controlan una mayor parte del territorio y a las autoridades, por lo que la tarea será enorme”, concluye Guillermo Valdés, ex director de la agencia de inteligencia Cisen bajo el mandato de Calderón.”
Fuente: Expansión
