El presidente Javier Milei anunció el cierre del 40% de los Registros del Automotor en toda la Argentina. Además, le quitó a la Casa de la Moneda y a la asociación de concesionarios el monopolio de la impresión y comercialización de documentos para esas dependencias. Las novedades apuntan a agilizar y reducir los costos de los consumidores de vehículos de Argentina.
Los Registros del Automotor que se cerrarán son todos aquellos que llevan más de dos años intervenidos por sospechas de corrupción. Estas dependencias representan el 40% del total de oficinas de este tipo que existen en Argentina. El próximo paso será cerrar también todos los otros que llevan intervenidos menos de 24 meses. Se anunció además una reducción del 30% en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, por medio de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Asimismo, desde este mes, se eliminó la Cédula Azul que se requería para poder utilizar un vehículo sin ser su titular. La exhibición de la Cédula Verde (física o digital) será suficiente para poder circular.
Actividad normal
Mariano Garcés Luzuriaga, titular del Registro número uno de Rosario y representante en el sur de Santa Fe de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor aclaró hoy por la mañana que “la actividad se está realizando de manera totalmente normal, no solo en Rosario sino en todo el país”, y aclaró que “la actividad registral es un servicio público estatal que se presta a través de entes de gestión privada”. Quiere decir que si los empleados quisieran hacer una protesta, sería contra los empleadores, ya que el Estado no tiene empleados en los Registros. Para Garcés Luzuriaga, “no tiene sentido una medida como la que se ha circularizado y no sabemos quién la está difundiendo”.
Por otro lado, el abogado dijo que no saben cómo se implementará esta reducción registral. “Estamos de acuerdo en todo lo que sea abaratamiento y sinceramiento de costos, y la simplificación de los trámites para el usuario, sea vía digital o física”, aclaró.
Garcés Luzuriaga apuntó que “la porción con la cual se sostiene el sistema, más allá de lo que paga el usuario como arancel, es mínima comparada con la porción que se lleva el ministerio de justicia y el fisco provincial, cuando hablo de sinceramiento estoy también refiriéndome a eso”.
“De cada 10 pesos que paga el usuario, 5 son impuestos jurisdiccionales y de lo que queda, el 30% es para el registro, que con eso paga salarios, insumos, servicios y alquiler”, despejó el titular del registro número uno de Rosario. Y dijo que en este momento, el escenario es de desfinanciamiento por la no adecuación en las escalas. “Desde octubre del año pasado no se nos ha asignado a los encargados de registros ningún aumento o flujo de fondos superior al vigente; en este momento la ecuación financiera, depende del registro y la magnitud del trabajo, está rota y próximamente, todos los registros trabajarán a pérdida”, alertó.
Concurso
Mariano Garcés Luzuriaga, titular del Registro número uno de Rosario y representante en el sur de Santa Fe de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor ilustró que, desde el año 2002 rige un sistema de concursos, visado y a sobre cerrado. “Yo concursé en el año 2016 y pude acceder a la titularidad gracias a ese sistema de concurso; me vincule a la actividad como un abogado joven que buscaba trabajo”, concluyó.
Otras medidas
El Ministerio de Justicia ya no enviará fondos para el mantenimiento de los Registros. Todas las dependencias deberán ser autónomas en el ingreso y los gastos para su funcionamiento.
Se digitalizarán todos los legajos de vehículos patentados para crear un registro único que permita la eliminación de los legajos físicos.
Se propondrá a las provincias que bajen los impuestos a los Sellos y Patentes, para reducir el costo de matriculación y mantenimiento de vehículos.
Las personas que hayan tenido cargos políticos no podrán trabajar en los Registros del Automotor al menos hasta 10 años después de haber cesado en sus funciones.
Se eliminará el régimen que impone el monopolio de la contratación de insumos a la Casa de la Moneda, comercializados a su vez por la asociación de concesionarios (Acara), para impulsar una baja en el costo de los materiales.
Se digitalizará la Verificación Policial.
Se aumentará el monto base por el cual resulte obligatorio declarar el origen de los fondos que se utilizan para comprar un vehículo.
