El concejal rosarino del PRO, Carlos Cardozo, volvió a abrir el debate y presentó nuevamente una ordenanza tiene por objeto crear el marco jurídico necesario ante la realidad que viene sucediendo en la ciudad y que es la instalación de “cercas eléctricas o barreras de disuasión” en los inmuebles producto de la inseguridad.
Se trata de una iniciativa similar a la que había perdido estado parlamentario anteriormente ya que algunos bloques de la antigua composición del Concejo pedían prohibir todo tipo de cercos eléctricos en lugar de generar reglas y normas para la implementación de este tipo de medida de seguridad que ya es un hecho.
“Nosotros decimos que hay que normatizarlos para evitar cualquier tipo de accidente por mala instalación o por mala fabricación, se ha transformado en una práctica corriente en la ciudad de Rosario debido a la inseguridad”, expresó el edil en diálogo con ON24.
“Es algo irreversible y que hasta que no solucionemos el tema de inseguridad esto no va a parar en su crecimiento. Estamos hablando de electricidad, o sea que un cerco mal instalado, con mal voltaje, con mal amperaje o mal señalizado puede causar incluso hasta un accidente gravísimo o la muerte de una persona”, argumentó Cardozo.
En ese marco, literalmente el proyecto establece: “El uso de cercos eléctricos de defensa perimetral es legítimo, siempre que se instalen de manera tal que configuren una offendicula. Es decir, que su principal función sea repeler o disuadir al agresor (lo cual hacen); que sólo sean accionados por un intento de traspaso a la propiedad (para eso se los coloca en lugares estratégicos fuera del alcance de terceros inocentes, y se advierte su peligro a través de carteles); y que su poder no sea letalmente vulnerante (al estar en cumplimiento de la normativa internacional, no lo es)”.
El presente proyecto de ordenanza ya fue presentado en el Palacio Vasallo y deberá atravesar las comisiones de Planeamiento y Urbanismo; Gobierno y Salud y Acción Social. Sin embargo, esta vez la expectativa es diferente ya que el diálogo entre los diferentes sectores abrió la puerta al entendimiento y a debatir las formas en que se puede llevar adelante esa regulación.
Lo cierto es que las charlas con la oposición fueron fructíferas: “El concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura) propuso informar al Ejecutivo acerca de las propuestas y proyectos que tienen ellos con respecto a la habilitación de cercos eléctricos y la concejal María Fernanda Gigliani siempre insistió con una normativa general de cercos”, indicó Cardozo.
En ese sentido, la postura del PRO es acompañar estas ideas y esperar que llegue el informe municipalsobre cercos eléctricos y allí avanzar. Si luego se genera una legislación general para todo tipo de cercos, se podría sumar la ordenanza de cercos eléctricos. “Como autores de la iniciativa, accedimos a la propuesta del concejal Monteverde de mandar el proyecto al Ejecutivo a los fines de que se expida sobre este tema y de alguna manera dimos un primer paso en esta discusión. Nos pareció razonable, positivo y por eso lo aceptamos”, cerró Cardozo.
En la iniciativa se detalla que la autoridad de aplicación serán las Secretarías de Planeamiento, Gobierno y Control y Convivencia, quienes deberán llevar el registro tanto del personal técnico habilitado como de los cercos eléctricos autorizados. Los que ya se encuentren instalados deberán amoldarse a la normativa y ninguno podrá ser colocado a menos de 2,20 metros de altura, entre otros detalles que figuran en el proyecto de ordenanza.
