Tras 4 años de concurso judicial, la causa Vicentin parece encaminarse a su fin, luego de que este miércoles la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Reconquista avalara el recurso presentado por la compañía defaulteada a fines de 2019 y homologara el acuerdo de pago a los acreedores.
El fallo firmado por los jueces Santiago Dalla Fontana, Mauricio Sánchez y Alejandro Román desestimaron los recursos de nulidad del acuerdo, rechazando la presentación de la empresa Commodities S.A., principal promotora del cramdown. De esta manera, la Cámara revocó la sentencia del juez de primera instancia, Fabián Lorenzini, que en septiembre pasado había dado el visto bueno al inicio de un proceso de quiebra.
En este sentido, de quedar firme la sentencia, los inversores estratégicos de Vicentin, Viterra, Bunge y ACA pasarían a controlar el 95% de la compañía cerealera, A cambio de dicha cesión, las tres empresas ofrecen para los acreedores quirografarios una suma total aproximada de U$S 462 millones.
La misma, de acuerdo con el juez Dalla Fontana, sería a pagar de la siguiente forma: 1° Un pago inicial de U$S 170 millones, dividido en: 1.1- U$S 35.892.766 a distribuir entre todos los acreedores verificados o admitidos a razón de U$S 30.000 para cada uno (o el monto menor verificado); 1.2- U$S 134.107.234 a prorrata entre todos ellos. 2° Un pago adicional a los 365 días de U$S 127 millones, a prorrata. Y 3°- Un pago estimado en U$S 165 millones a los 12 años del pago inicial, el cual no sería hecho por la concursada sino por los interesados estratégicos .
“Tanto a los trabajadores directos de la concursada como a sus proveedores y a la sociedad en general les conviene que se mantenga en funcionamiento una empresa que como tal ha generado riqueza y probablemente lo seguirá haciendo, no sólo para sí sino para quienes se vinculan directa o indirectamente con ella”, consideró el magistrado.
“El beneficio para la sociedad y para la economía regional y nacional de Vicentin SAIC no ha sido calculado de ninguna manera en autos, pero considero un hecho evidente que la continuidad de una actividad industrial es preferible a su cese”, sostuvo Dalla Fontana y agregó: “La envergadura y características de la concursada nos hacen pensar que la única manera de evitar el desguace y la venta en moneda de quiebra la constituye la homologación del acuerdo”.
Cabe recordar que en mayo de 2023, concluido el período formal establecido para la presentación de impugnaciones sobre la propuesta concursal presentada por la compañía ante el Juzgado Civil y Comercial Nro.2 de la ciudad de Reconquista, la valoración final de los acreedores que deben recibir los pagos arrojaba que, sobre 1.618 acreedores computables, votaron por el apoyo de la propuesta 1.019 acreedores (63%), que representan el 74% del pasivo computable.
Agregaba que 594 acreedores (37%, que representan el 13% del pasivo) se abstuvieron de votar, mientras que solamente 5 acreedores (0,3%, que representan el 13% del pasivo) se opusieron al acuerdo.
REDACCIÓN ON24
